Uno de los conceptos jurídicos que ha dejado su huella desde la época del derecho romano en el derecho actual es el de nasciturus, el cual, en pocas palabras, puede definirse como “aquel ser que es concebido pero no nacido”. La iniciativa de reformas a los sistemas electoral y político del ejecutivo federal que se pretende imponer desde sobre las más de cien presentadas por legisladores de las distintas fracciones parlamentarias, podría ajustarse a este término, ya que si bien esta arrancó su proceso legislativo el pasado 28 de abril, todo parece indicar no llegará a buen término.
Después de las 63 marchas en defensa del INE y la democracia llevadas a cabo en importantes ciudades de México y otros países el pasado domingo 13 de noviembre y en las que participaron cientos de miles de ciudadanos, el propio presidente en su conferencia matutina ha reconocido la inviabilidad de su propuesta en términos de proceso constitucional, pues para ser aprobada requeriría de mayoría calificada, es decir, del 66% del voto de los legisladores y del 50% más uno en la mayoría (al menos 17) de los congresos de las entidades federativas, lo cual resulta poco probable dado el escenario político actual.
El “paquete legislativo” que comprende la reforma política y electoral implica modificaciones muy delicadas a la Constitución y otras leyes “secundarias”, mismas que, dadas las dimensiones de esta columna, resulta imposible abordar. Sin embargo, existe una buena cantidad de análisis elaborados y publicados por especialistas en la materia a los cuales se puede tener fácil acceso.
Las propuestas planteadas afectarían considerablemente no solo la forma de gobierno, sino sobre todo la forma del Estado de nuestro país, en cuanto a instituciones como el federalismo, la división de poderes, el sistema de partidos, un organismo constitucional autónomo y ciudadano como el INE, la estructura y funciones del gobierno municipal, solo por mencionar algunas. Pero lo importante aquí es que prácticamente la totalidad de los que se propone modificar (crear, cambiar, extinguir) requiere reformar la Constitución federal y en ciertos aspectos las constituciones locales, lo cual –reiteramos– es política y hasta aritméticamente inviable.
Lo que le queda al ejecutivo federal, empecinado en hacer estas modificaciones, es recurrir a una argucia que ha utilizado ya en otras ocasiones como en el caso de la militarización de la guardia nacional: aprobar modificaciones a la legislación secundaria a pesar de que su contenido sea anticonstitucional.
Esta artimaña es a todas luces contraria al párrafo tercero del artículo 1° de la Carta Magna, ya que pasa por encima del principio de legalidad, esto es, al derecho y obligación de todos, ciudadanos y autoridades, a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, tal como lo protestó el presidente al asumir el cargo, quien por ello debe ser el primero en atender este precepto que es un derecho fundamental y uno de los pilares del edificio constitucional, que por cierto obliga a todo organismo y servidor público, a no aplicar las disposiciones afectadas de anticonstitucionalidad, lo que por cierto es un rasgo característico de nuestro nuevo sistema jurídico, so pena de caer en responsabilidades jurídicas, administrativas y en ciertos casos hasta penales.
Hay quien dice que el verdadero “plan b” del ejecutivo ante el escenario actual es no proponer a quienes deban sustituir a los cuatro consejeros del INE que terminarán su gestión en marzo próximo para quedarse solo con 7, de los cuales 4 fueron propuestos por el a través de su Movimiento y así tener mayoría en el Consejo General. Usted, mi único y estimado lector, ¿qué opina?
Por José Ramón González Chávez