Muchos de los acontecimientos en materia jurídica de los últimos cuatro años podría en buena medida explicarse porque uno de los grandes problemas de México, si tenemos en cuenta la situación en la que se encuentra la denominada cultura de la legalidad, término técnicamente inadecuado por contradictorio que debería sustituirse por el de “cultura de la juridicidad”, pues actualmente, pretendiéndonos alejar del modelo positivista clásico que tuvo vigencia por tantas décadas, lo jurídico abarca mucho pero mucho más que solo las leyes.
En México esa cultura, indispensable en la construcción de todo Estado Constitucional de la juridicidad, se ha perdido y esta ausencia es uno de los grandes obstáculos en la modernización de nuestro sistema jurídico en general cuyo propósito es establecer y consolidar realmente mecanismos como la oralidad y la justicia alternativa, la transparencia y la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la impunidad. Buena parte de los problemas del sistema jurídico en México se deben a esta carencia, de la cual TODOS, no solo el gobierno, somos corresponsables.
Dice Luigi Ferrajoli que en la construcción y aplicación del Derecho TODOS tenemos algo qué decir, y yo añadiría también algo qué hacer, pues hoy como nunca hacer y cumplir el Derecho es un producto de todos los sectores y edades así como una responsabilidad ciudadana. Y lo que pasa es que para crear cultura de la juridicidad en democracia, lo primero es construir un pensamiento crítico apoyado en la Argumentación, poderosa herramienta que en el nuevo modelo de Estado Constitucional es imprescindible para crear y actualizar la ley, la jurisprudencia, las decisiones de gobierno. Luego está la aceptación del compromiso individual y colectivo para que dichos principios, normas y prácticas se conviertan en hechos tangibles mediante acciones concretas que eliminen vicios arraigados, cambien paradigmas y tengan eficacia en la vida social.
Así como lo jurídico permea todos los ámbitos de la vida social, así también los mexicanos somos responsables de participar en lo que nos incumbe a todos independientemente de nuestras preferencias y expectativas personales; de aportar para mejorar la vida social, independientemente de aquello a lo que nos dediquemos, conscientes de que hay reglas qué cumplir, derechos que ejercer y respetar, irregularidades que denunciar y atacar, resultados que exigir, fuerzas que unir para transformar nuestra realidad social participando en la construcción, operación y evaluación de las decisiones públicas independientemente del color político de donde venga el gobernante, porque una cosa es política y otra administración y gobierno.
El paso –o más bien dicho ahora el retorno– del régimen autoritario al Estado Constitucional, es tarea de todos; implica movilizar a toda la sociedad para que la cultura de la juridicidad se convierta en una forma de ver y vivir la vida, tal como lo dispone el artículo 3° constitucional. De hecho, cambiar nuestra mentalidad y actitud hacia el derecho lo que nos corresponde y a lo que estamos comprometidos como ciudadanos, ya sería un gran resultado en favor del cambo social. Pero por desgracia vemos que los organismos supuestamente encargados de defender, promover y garantizar la Cultura de la Juridicidad, son los menos interesados en ello. Tampoco vemos en las universidades y menos en instituciones de educación básica intenciones de modificar planes y programas de estudio, capacitar a maestros, alumnos y personal administrativo para educar en la materia.
Independientemente de sus implicaciones técnicas, el nuevo sistema constitucional no podrá pasar de la retórica y letra muerta a su instauración real, hasta que no se diseñe y opere una estrategia que tienda a lograr que en el “chip” cultural de cada mexicano esté el cumplimiento de los principios, normas y prácticas que conforman nuestro estado constitucional. Solo así podrá haber libertad, igualdad y democracia.
Por José Ramón González Chávez