El tema estrella de las semanas recientes ha sido el tan mentado plagio de la tesis de la ministra Jazmín Ezquivel, quien mientras más “argumentos” trata de esgrimir en su descargo más hunde su credibilidad y legitimidad como abogada, juzgadora e integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, en esta ocasión lo dejaremos de lado por estar siendo bastamente abordado por numerosos analistas desde sus diversas facetas, académica, profesional, política, ética, moral y mediática, entre otras.
El año inició con la elección de la doctora Norma Lucía Piña Hernández, ella sí, abogada y doctora en Derecho con todas las de la ley y juzgadora de carrera, misma que lleva consigo el importante mensaje político de parte del gremio judicial en su conjunto de no estar dispuestos a seguir recibiendo desplantes autocráticos, diatribas y malos tratos de parte del ejecutivo federal, y de hacer ver y sentir a todos –empezando desde arriba– que el poder judicial está realmente dotado de autonomía y se encuentra obligado a ejercerla por su alta responsabilidad como pieza fundamental en el complejo pero necesario equilibrio del poder público, sobre todo en el nuevo sistema jurídico mexicano donde este juega un rol primordial.
Pero lo realmente importante es que junto a esta designación, se nombró al nuevo titular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, instancia encargada de resolver los asuntos muy delicados de la gestión pública que tienen que ver, por ejemplo, con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la legalidad de las licitaciones y contratos federales, las obligaciones resarcitorias elaboradas por la Auditoría Superior de la Federación referentes a desfalcos, así como con el determinar y sancionar las responsabilidades de los servidores públicos que laboran en la administración pública, entre otros temas, lo que es tanto o más preocupante para el gobierno actual que la designación misma de la nueva presidente de la Suprema Corte, dada la cantidad de irregularidades, atropellos, faltas y omisiones legales de todo tipo –incluso penal– que se han cometido por parte de funcionarios de todo tipo en la actual administración, empezando por su titular.
Después de una convocatoria, por cierto llevada a cabo en suma secrecía por el presidente del tribunal que sale Rafael Anzures Uribe, el magistrado Guillermo Vals Esponda derrotó en las votaciones internas por 9 votos (se necesitan solo 6) de 13, entre otros, a la candidata gubernamental María Anaya Dominguez.
El Magistrado Vals es abogado egresado de la universidad iberoamericana, con maestría en la escuela de derecho de Boston y doctorado en Derecho por la universidad complutense de Madrid. Entre sus cargos de mayor relevancia están los recibidos en la Procuraduría General de la República dentro del ámbito internacional, además de haber sido director de planeación y desarrollo en la Secretaría de Gobernación, administrador de servicios al cliente del SAT y titular del órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública. También ha sido distinguido con la Cruz al mérito policial (!) por el gobierno de España y en lo político mantiene estrechos lazos con líderes de la oposición y un buen número de senadores y diputados.
La lectura política de esta designación es obligada: se da en el contexto de la elección de la nueva presidente de la SCJN, lo que en su conjunto implica un serio mensaje del poder judicial hacia el ejecutivo e incluso el legislativo federales, esto es, un “alto” a las aspiraciones autocráticas del presidente, además de que abre una gran ventana al equilibrio de poderes desde el judicial, retomando su prevalencia para bien de dicho poder y de México, lo debió haber sido desde el inicio de la presente administración, pues constituye uno de los rasgos característicos del nuevo sistema constitucional de nuestro país.
La desbandada ha iniciado: sin duda, ambas designaciones prenden un gran foco de alerta para el ejecutivo federal en el contexto de los procesos electorales en el Estado de México y Coahuila, ya que le complica los escenarios al inquilino del palacio nacional en este trascendental cambio de gobiernos locales, de cara a la sucesión presidencial del 2024.
Por Jose Ramon Gonzalez Chávez