BASURA BAJO LA ALFOMBRA
El trabajo es una actividad gracias a la cual el ser humano cumple una función dentro de la sociedad en la que vive y con la cual obtiene medios lícitos para que él y su familia puedan subsistir y desarrollarse. Dentro de nuestra Constitución federal se establece en distintos artículos a través de la proclamación de libertades y derechos fundamentales en materia laboral que se intentan instrumentar mediante garantías a cargo del poder público del Estado, capaces de lograr que dichos postulados se conviertan objetivamente en actos concretos, tangibles.
Bajo esta pauta, la Carta magna reconoce, promueve y protege libertades como la de profesión, la de asociación sindical o profesional (art. 5°); derechos como la igualdad de salario por igual trabajo, la participación de utilidades, el de huelga; y garantías como la no explotación laboral y condiciones adecuadas de trabajo, la formación y capacitación laboral, la de brindar condiciones para tener una vivienda digna, la seguridad social y sus prestaciones médicas, económicas y sociales (art. 123°) entre tantas otras.
La anterior mueve a la reflexión en el sentido de que si bien se encuentra inscrito en la Constitución un amplio catálogo de libertades y derechos para el trabajo, las garantías, es decir, todas aquellas acciones que el poder público tiene que realizar a través de sus distintos órganos (ejecutivo, legislativo y judicial) para que estos se cumplan, sean una realidad son deficientes, insuficientes e incluso se han visto mermados, más aún en años recientes, en buena medida por la escalada imparable de precios que produjo la populista decisión de aumentar indiscriminadamente el salario mínimo, incremento que las empresas simplemente transfirieron a sus costos de producción y venta final de bienes y servicios.
Así lo deja ver el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) por conducto de su Centro de Investigación en Política Pública en su informe sobre el mercado laboral en el primer trimestre de 2022, en el que se exponen datos verdaderamente preocupantes, de los cuales sobresalen los siguientes:
– Solo durante el periodo reportado (1°de enero a 31 de marzo de 2022) desaparecieron más de medio millón de empleos (532,088), pues se perdieron 633,844 mil informales, y se crearon sólo 100,966 mil formales que fueron por demás insuficientes para compensar la pérdida, lo que refleja con toda claridad la gran fragilidad de ese sector que sigue ocupando a más de 6 de cada 10 mexicanos en condiciones de trabajar.
– La brecha laboral promedio (personas que trabajan menos de lo que podrían o querrían) fue de 22.3% (en Tlaxcala, Oaxaca y Ciudad de México es de más de 30%), brecha que fue aún más marcada para las mujeres con más de 26%. Esto significa que más de 2 de cada 10 personas que podrían estar trabajando, aportaron pocas o ninguna horas de trabajo a la economía.
– El potencial no aprovechado de la fuerza de trabajo (desempleo-subempleo) fue de casi 14% del total de personas en condición de trabajar, esto es, hay 4 millones de mujeres y 7.2 millones de hombres que aportaron poco o nada a la economía nacional, que implica una caída mayor a las sufridas durante el mismo periodo en 2021 y 2020.
De ahí que la libertad y el derecho al trabajo para dejar de ser buenos deseos, deben garantizarse a través de una plataforma sólida y confiable de políticas, programas y acciones puntuales por parte del ejecutivo federal para que las empresas nacionales y extranjeras, que generan más del 90% de empleos formales (las empresas cuentan con más de cuarenta millones de empleos; el gobierno menos de tres), estén en posibilidad de crear más puestos de trabajo formal y mejor pagados, disminuyendo con ello la informalidad y la cada vez más amplia brecha laboral que seguimos padeciendo. El ejecutivo debe afrontar el problema en lugar de seguirlo ocultando como si fuera basura bajo la alfombra. Solo así podremos hablar verdaderamente de Estado constitucional en materia laboral en México.
Por Jose Ramón González Chávez