El pasado 5 de febrero se celebró en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. En ese acto solemne, hicieron uso de la palabra los representantes de los denominados “tres poderes”, pues sabemos que son más bien las tres ramas u organismos integrantes del poder público del Estado mexicano que, como dispone la Constitución, es solo uno.
Lo sorprendente para el que escribe estas líneas es que en cuando menos cuarenta años de seguir cada año esta ceremonia nunca me había tocado que cada uno de los tres discursos fuera tan diferente de los otros dos, dado el estilo de presidencialismo que tenemos –y hasta hemos llegado a padecer– en nuestro país
Los límites de este espacio no permiten un análisis profundo de todos los conceptos vertidos; solo diré que fueron tres textos muy diferentes, tanto en contenido como en mensaje, profundidad y alcance: La intervención de Santiago Creel Miranda, Presidente del Congreso Federal, transcurrió en el ámbito político más que en el constitucional, hasta cierto punto adelantándose a los tiempos electorales. Por su parte, la del Ejecutivo federal ni amerita mención por estar totalmente fuera de lugar y contexto, ya que se trató de una ceremonia solemne en la que el único tema era la Carta Magna. Por ello y en aras de hacer algo más constructivo, me limitaré a formular algunas reflexiones sintetizadoras de lo expresado por la doctora Norma Lucía Piña Hernández, en su calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La ministra Piña centró su argumentación en una premisa doble: 1) La apología de la Independencia del poder judicial como requisito de constitucionalidad, que debe salir de la retórica y encontrar su cristalización en los hechos, en las decisiones reales a los casos concretos, independencia que más que privilegio, es la principal garantía de imparcialidad para quienes claman justicia; y 2) La diversidad en la integración de la SCJN, que tal como sucedió en el congreso constituyente de Querétaro, debe ser algo necesario, pero más aún deseable e incluso imprescindible para la democracia y la justicia, pues su ausencia solo genera encono, violencia, y termina por lesionar a quienes la exigen.
La suma de voluntades, el acuerdo en lo fundamental sustentado en la racionalidad –es decir, la política verdadera–, es lo que debe regir la construcción y el desarrollo del Estado constitucional y el sistema democrático. Para ello se requiere de principios, conceptos, normas, prácticas que propicien el fortalecimiento de las instituciones y así poder enfrentar mejor y resolver las injusticias. De ahí que la actividad judicial sea motor y principal razón del avance social, erigiéndose en su catalizador, al evitar y resolver las arbitrariedades.
La deuda social expuesta en la Revolución de 1910, persiste y más aún, se agranda a partir de la ampliación de la vida social. Los vulnerables exigen al poder judicial y a toda autoridad, mayor y mejor preparación y convicción para conformar en los hechos una sociedad más justa y digna. Por eso todos, ciudadanos y servidores públicos, tenemos que replantearnos lo que debemos y tenemos que hacer para cumplir y hacer cumplir la Constitución, manto protector que da a la sociedad seguridad, certeza, confianza y sobre todo sentido de unión, obligándonos a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales y su universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y por eso también todo juzgador debe aplicar las normas pero también ponderar el espíritu de los principios y normas constitucionales y dar a cada quien lo que le corresponde. Trabajar todos por la unidad es honrar nuestra historia. Demostrémonos que es posible edificar juntos el México que podemos, queremos y merecemos ser.
Sin duda, la ministra Piña ha dado una gran lección para quiera comprender lo que significa el Estado constitucional y la misión del poder judicial en su construcción y desarrollo. Estaremos pendientes a la eventual conversión de estas ideas en hechos concretos. En todo caso, en hora buena para la constitucionalidad, para la división de poderes y la gobernabilidad de nuestro país.
Por José Ramón González Chávez