Tuve la ocasión de asistir a la concentración del pasado 26 de febrero en el “Zócalo” de la Ciudad de México, que oficialmente se denomina “Plaza de la Constitucion”. Hago la distinción porque precisamente el acto tuvo como objetivo principal hacer desde dicha plaza un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para apegarse a la Constitucionalidad en su análisis y resoluciones sobre el paquete de reformas a diversas leyes que desde el púlpito presidencial se ha dado en llamar “Plan B”, y que contraviene lo dispuesto en al menos una veintena de disposiciones constitucionales atenta contra instituciones jurídico políticas vertebrales y merma sustancialmente el sistema democrático del país.
Si bien el Congreso aprobó dicho “Plan B” éste ha aplazado su publicación, lo que es requisito necesario para iniciar su vigencia. Este retraso es más bien una estrategia rupestre, un “plan con maña” que tiene la intención de acortarle los tiempos a la SCJN para poder hacer un análisis y discusión minuciosos de sus amplios y delicados contenidos.
La petición de las movilizaciones en más de 110 ciudades de México y otros países que solo en la capital de la República congregó a más de medio millón de asistentes, va justamente en el sentido de que los ministros de la Corte analicen, discutan y resuelvan estas reformas del “plan b” con estricto apego a la constitucionalidad que debe orientar su trabajo, más que a criterios de orden político, tal como ya ha sucedido en no pocas ocasiones, sobre todo durante la presidencia de Arturo Saldívar.
Es de resaltar los argumentos expresados justo en ese sentido por el ministro en retiro de la SCJN José Ramón Cossío que por su importancia me permito sintetizar en las siguientes premisas:
- Las reformas del plan b pretenden controlar las próximas elecciones. Miles de personas se reunieron en este acto aquí ocupando pacífica, respetuosa y temporalmente la plaza de la Constitución que alude a la estructura jurídica que reconoce nuestra pluralidad y diversidad, el proyecto permanente de nuestros derechos humanos y el control en el ejercicio del poder, nuestro sistema democrático, para decirle al gobierno “Mi voto no se toca”.
- La marcha del 13 de noviembre detuvo el intento consciente del gobierno y sus legisladores de reformar la constitución con el fin de hacerse del sistema electoral y ahora continúan con un “plan b” aprobado de mala manera, pues hasta sus mismos representantes en el congreso reconocen que se contravinieron procedimientos legales y disposiciones constitucionales, sin estudio previo y sin diálogo con todas las voces que planteaban visiones ciudadanas diferentes.
- A partir de que se publique el “plan b” la política, esa que desconoce el papel de la justicia, que pasa por encima de derechos fundamentales, de instituciones constitucionales, dejará de hablar y comenzará a hacerlo el Derecho, y este prevé la interposición de diversos medios de control constitucional que tendrán que ser estudiados y resueltos por los ministros de la Corte.
- Tratar de imponer un proyecto político unipersonal, denostar, amenazar y tachar de hipócritas y corruptos al poder judicial y sus ministros es actuar fuera del orden Constitucional que debe observar el actuar del Ejecutivo. Al contrario, ellos resultarían hipócritas si ocultaran sus argumentos, si se apartaran de sus precedentes y distorsionaran el sentido de sus votos; y corruptos si dejaran de acatar lo previsto en la Constitución. Serían culpables de defender privilegios si debilitaran a las instituciones electorales para que los poderes fácticos pudieran determinar elecciones y conformar nuestros órganos representativos.
Los ministros y ministras de la corte tienen la responsabilidad de demostrar que son falsos los calificativos usados desde el poder en su contra. Confiamos en ellos. El resto de la tarea permanente es asunto de nosotros y solo de nosotros. Al final de cuenta, como dijo el ex ministro, la democracia es asunto de demócratas…
Por José Ramón González Chávez