En la cultura política mexicana desde la época prehispánica se ha tenido la costumbre de atribuirle al líder máximo en turno virtudes sobre humanas, imagen construida desde entonces por la transposición que su séquito y la burocracia estamental hizo de las cualidades del semidiós Quetzalcoatl hacia el gobernante de carne y hueso: el Wey Tlatoani no es igual a todos; él es el más grande, no se enferma, no sangra, no se equivoca.
Desde sus inicios como nación independiente, México mantuvo esta visión metafísica del gobernante, trasladándose a la Constitución y al sistema político: el Presidente es en la forma de Estado republicana, el soberano con todos sus atributos y carente de cualquier defecto; por eso tiene el derecho de concentrar de facto todo el poder público, de decidir por todos, de no ser criticado, ni juzgado, ni menos removido. Por eso todavía en la Constitucion vigente ni en sus artículos 84 y 86 ni en ningún otro, se vislumbra siquiera de manera tenue la posibilidad de que el jefe de que el Ejecutivo Federal, a la vez jefe de Estado y de gobierno, pueda ser relevado de su cargo por imposibilidad física o mental para seguir gobernando.
El derecho fundamental a la información pública y la transparencia gubernamental es el mecanismo insustituible para el ejercicio real de todos los demás derechos constitucionales. Implica entre otras cosas que todos tenemos derecho a saber lo que pasa realmente con y en el gobierno, pues resulta necesario para organizar nuestra vida cotidiana, nuestras decisiones presentes y futuras; y la garantía para convertir este derecho en actos concretos se da por cierto a través de instituciones públicas, como el INAI.
En comunicación no hay vacíos de información. Las mentiras, las verdades a medias, las contradicciones, la desinformación desde el gobierno generan incertidumbre y expectación, y ante ello, los medios y la opinión pública en redes reaccionan llenando este vacío con datos, rumores, diretes, cargados o no con fragmentos de verdad.
¿Cómo es posible que a tres días de ocurrido el incidente, cuando estoy escribiendo estas líneas, el gobierno no haya sido capaz de que el doctor en jefe encargado de coordinar la atención al presidente no haya dado un parte médico oficial ante los medios de comunicación de cómo fue recibido, cuál fue el diagnóstico, qué acciones inmediatas se tomaron, que procedimientos, intervenciones y medicamentos le fueron y le son aplicados, cuál es su situación actual, que se espera –en su caso- de su restablecimiento, tanto en tiempo como en recuperación física y mental y tomar decisiones importantes para todo el país?
En los casos anteriores donde supuestamente también se contagió de COVID, el Ejecutivo federal publicó unos videos donde trataba de explicar su situación de salud. ¿Por qué ahora no hay una sola foto o video, una sola palabra que neutralice la desinformación provocada por las mentiras o peor aún las verdades a medias o lagunas provocadas desde el gobierno que tratan de callar a todo aquel que ose preguntar o comentar algo al respecto? ¿Cómo es posible que se dé una conferencia matutina todos los días desde hace casi cinco años para “informar” al público temas que importan al ejecutivo, y ahora no se haya dicho una palabra oficial sobre cuál es la situación del presidente y su gobierno en su ausencia?
Se equivocan algunos despistados que sostienen en sorprendente falacia que la información de la salud del presidente es privada. El Ejecutivo Federal es jefe del Estado y del Gobierno, es el funcionario público electo más importante, su salud física y mental es por ende un asunto de interés público, esto es, concierne a todos los mexicanos. ¿Cómo es posible que el mandante no tenga ni se le quiera dar información acerca de su mandatario? El derecho fundamental al acceso a la información y a la transparencia que debe tener este último hacia el primero aplica en este caso más que en ningún otro.
El presidente es ante todo un ser humano como todos, se enferma, sangra y se equivoca como todos. No es más un wey tlatoani, es el mandatario, es decir, el que ejecuta el mandato de todos los ciudadanos mexicanos. Por eso tenemos derecho a conocer su estado de salud, cómo funcionará el estado y el gobierno en su ausencia, y que sucedería en la hipótesis de que no pueda regresar a su cargo.
Por José Ramón González Chávez