LA BATALLA PERMANENTE POR LA CONSTITUCION
El pasado 8 de mayo, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió por nueve votos contra 2, invalidar en su totalidad el primer decreto de reformas legales conocidas coloquialmente como “Plan B” que modifica las leyes generales de comunicación y de responsabilidades administrativas, dada la gran cantidad y gravedad de violaciones a la Constitución (artículos 71 y 72) y las leyes internas del Congreso de la Unión que regulan el proceso legislativo, en detrimento del sistema representativo.
La resolución se dio en tal sentido porque la iniciativa de casi 300 páginas, no se dio a conocer con la suficiente anticipación para ser siquiera leída y menos analizada para que los legisladores se pudiesen pronunciar con conocimiento de causa ya en tribuna, lo que es violatorio del principio de deliberación informada y sus prerrogativas de representación popular.
La invalidación prepara también el camino para proceder en el mismo sentido respecto de la segunda parte del denominado Plan B –con lo que el paquete de reformas en su conjunto quedaría muerto y enterrado–, al igual que las cerca de veinte reformas aprobadas de modo “fast track” en un tiempo record de tres horas, en el mayoriteo más grande y rápido de toda la historia legislativa de México.
Los reproches, reclamos y hasta insultos desde el poder en el ejecutivo y legislativo, así como de voces y medios afines al gobierno actual no se hicieron esperar. Desde el púlpito presidencial y la oficina de quien debería coordinar la interacción entre los poderes, se habló de “atentado contra la representación popular”, que el poder judicial “está podrido”, se acusó a todos y cada uno de los ministros que votaron en contra del proyecto de ser parte y tapadera de la “mafia del poder” y –sea lo que sea que esto signifique– de no ser más que guardianes de “intereses particulares” muchos descalificativos e insultos, pero ni un solo argumento.
Y no conforme con eso, el Ejecutivo anuncia una próxima iniciativa de reforma constitucional, a sabiendas de que no tiene forma alguna de prosperar, para demoler el poder judicial y supuestamente hacer –ya sin INE– que los juzgadores sean electos, refiriéndose a un antecedente, a todas luces falso, de que “así era en la época de la constitución de 1857”, lo que no sucede en ningún lugar del mundo, con excepción de Bolivia.
Todo ello pareciera no ser más que una nueva estratagema de simulaciones y “bolas de humo” útil en la construcción de un pretexto para pasar por encima de la ley y hacer campaña desde el poder.
Una contradicción garrafal de parte del Secretario de Gobernación y algunos legisladores es afirmar que la resolución de la SCJN atenta contra la representación popular, cuando es precisamente el Congreso el que debe ser el primer guardian de la constitucionalidad y la legalidad del proceso legislativo, lo que en los años recientes está claro que no ha sucedido.
De acuerdo con el nuevo sistema, es más, desde 1994 según lo que dispone el artículo 105 de la Carta Magna, la Suprema Corte y el poder judicial en su conjunto, tienen la misión de ser salvaguardar la constitucionalidad en el Estado, cuidar el cumplimiento del orden constitucional y es en tal sentido que emiten sus resoluciones.
La SCJN, en su carácter de tribunal constitucional, no juega a la política, actúa al margen de influencias y presiones partidistas o gubernamentales vengan del poder que vengan. De hecho hay que recordar que el presidente designó a 4 de ellos. En lugar de vociferar, argumenta con un criterio racional, estrictamente constitucional. Le duela a quien le duela.
Por José Ramón González Chávez