EN LA LEGALIDAD SÍ, SOMOS IGUALES…
El principio de legalidad es un derecho fundamental universal, no sujeto a negociación por intereses políticos o económicos ni menos a caprichos particulares o del gobernante; pero como todo derecho, implica a la vez obligaciones, en este caso la de todos, población y autoridades, de cumplir lo dispuesto tanto por la Constitución como por las leyes, normas y disposiciones del sistema jurídico en su conjunto. Puede decirse que la legalidad es la gran “regla del juego” que permite la existencia y subsistencia del Estado de Derecho y del Orden Constitucional.
Este principio, que en nuestra Carta Magna se encuentra inscrito en varios de sus artículos (14, 16, 17, por mencionar los más sobresalientes), tiene una estrecha relación con otros como el de Igualdad, puesto que supone que esta condición debe darse como pre supuesto para que la ley pueda ser aplicada a todos por igual, sin distinción alguna. Es aquí donde el poder público y sus funcionarios juegan un papel crucial como responsables de hacer cumplir y hacer cumplir la ley, sin perjuicio de que los ciudadanos también puedan y deban ejercer su derecho a exigirles que lleven a cabo tan alta responsabilidad.
Pare ello las autoridades son las primeras que deben sujetarse a este principio, dando garantías para que este derecho-obligación se cristalice en los hechos, con lo que se presenta a su vez la relación muy cercana con otro principio fundamental básico que es el de seguridad jurídica, condición previa e indispensable para que pueda darse el Estado de Derecho y que junto con los ya mencionados (igualdad, legalidad) forma parte del engranaje de la maquinaria constitucional.
Hasta ahí la “maqueta” jurídica ideal, pero en el ámbito electoral ¿qué está pasando en los hechos?
Esto viene a cuento porque los partidos y sus dirigentes, desde hace tiempo pero con mayor énfasis a partir de las elecciones del pasado 4 de junio, nos han metido a los ciudadanos en un episodio de la vida política nacional donde lo que les importa es lograr mantener e incrementar su popularidad y visibilidad mediática, sin importar que al hacerlo estén contraviniendo lo previsto en la Constitución y las leyes electorales, cuyas disposiciones en la materia, vale decir, han sido impulsadas y promulgadas por ellos mismos a través de sus legisladores, incluyendo sobre todo –claro está– a los del partido en el poder.
Estas actitudes y actos que de forma descarada están a la vista de todos, violan de manera rotunda y hasta cínica e impune el principio de legalidad, independientemente del disfraz retórico con el que la están queriendo vestir dándoles otros nombres rebuscados a sus estrategias de pre campaña. Pero también pasan por encima del principio de legitimidad, dado que el espíritu de la norma, esto es, lo que establece la ley, es precisa y justamente que todos: el poder público y sus órganos, los partidos y los candidatos, se sujeten a las mismas reglas, en los mismos tiempos, con los mismos derechos y obligaciones para realizar su labor y su lucha política electoral de cara al electorado en un terreno que tenga el piso parejo. Eso es igualdad, eso es legalidad, eso es seguridad jurídica.
En la agenda política y de gobierno a nivel nacional, no hay resultados de gobierno, pero en su lugar, seguimos en campaña permanente desde hace más de 5 años. ¿Qué importa la salud, la seguridad, la educación, el empleo, la economía, la corrupción, la transparencia, la rendición de cuentas, la sustentabilidad, la racionalidad en el ejercicio del gasto público? ¿De qué sirve lo que diga la ciudadanía al respecto? Lo importante es lo que dijo el habitante del palacio y sus “corcholatas” (qué termino tan denigrante…) y lo que respondieron –si acaso– sus opositores institucionales, los partidos y sus caras añejamente conocidas, los medios y sus comentaristas de retórica habitual.
En medio de este espectáculo además de ilegal, ilegítimo y absurdo, cabe preguntar ¿Cómo es posible que alguien pueda pretender llegar a ser investido como presidente ante la máxima tribuna de la nación protestando “cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes que de ella emanen” si se ha llegado hasta ahí gracias al incumplimiento de esas normas fundamentales y leyes? En todo caso, esa llegada sería a todas luces además de ilegal, ilegítima.
Por José Ramón González Chávez