CONSTITUCION Y POBLACION
La Población, es un conglomerado humano asentado en un territorio y sujeto a un régimen jurídico político determinado. En efecto, junto con el Territorio y el Poder Público, la población conforma el andamiaje que sostiene el Estado desde su concepción formal por Maquiavelo hace ya más de 500 años.
Pero si bien estos tres elementos en su esencia siguen siendo los mismos desde aquel entonces, en su naturaleza y características estos han evolucionado con el paso del tiempo, la evolución de la sociedad y la tecnología, entre otros muchos y muy diversos factores. Así pues, la población tal como se entendía hace cinco siglos ya no es la misma que en la actualidad. En aquel entonces el promedio de movilidad de las personas era de cinco kilómetros a la redonda de donde nacía, crecía, trabajaba, formaba su familia y moría; El concepto de población estaba muy ligado al de la nacionalidad, entendido el sentido primigenio de nación como aquel lugar donde se nace.
Ahora las cosas ya no son como entonces: se puede adquirir otra nacionalidad o tener varias, dependiendo del régimen jurídico, la nacionalidad de los padres, el territorio o incluso la bandera de algún medio de transporte donde se nace. Desde hace décadas, hay extranjeros que residen de forma definitiva en otro país distinto al de su origen o lo visitan temporalmente por razones turísticas, medicas, académicas o profesionales, o simplemente por ser pasajeros en tránsito hacia otro destino.
También hay un cada vez más creciente flujo migratorio de personas de gran cantidad de nacionalidades que están de paso o deciden quedarse en territorio nacional o nacionales que van a otro país buscando oportunidades de trabajo y mantienen su nacionalidad original, que eventualmente pueden incluso tener hijos antes de dejar la frontera nacional, todo lo cual hace necesario que el concepto de población tenga que ser redefinido de acuerdo a esta nueva realidad que afecta al mundo en general y a nuestro país en particular, dada la dimensión de nuestras fronteras al sur y norte de nuestro territorio.
La población puede verse desde al menos tres distintas perspectivas: una meramente demográfica, cuantitativa; otra social, ligada al concepto de nacionalidad; y otra de carácter jurídico político, que es la que establece la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el primer caso, de acuerdo al censo nacional de población y vivienda de 2020, había entonces 126.7 millones de mexicanos residiendo en el territorio nacional (se calcula que hay somos cerca de 129 millones), con lo que nuestro país ocupa el tercer lugar entre los más poblados del continente, solo después de Estados Unidos de América y Brasil y el onceavo a nivel mundial.
Pero esta cifra no contempla a los extranjeros que sin haber adquirido la nacionalidad mexicana residen en México, ya sea de forma fija o temporal, que son oficialmente alrededor de 1.2 millones de personas, y menos aún a los migrantes, que se calculan en más de seis millones muchos de los cuales llevan años estacionados en la frontera norte. El censo tampoco toma en cuenta a los más de 12 millones de mexicanos que viven en el extranjero –también según cifras oficiales–, sin tomar en cuenta necesariamente a sus hijos que nacieron allá y por lo mismo tienen al menos doble nacionalidad, pues puede darse que alguno de los padres tenga otra distinta.
En sentido sociológico, la población en nuestro país con todas las variables mencionadas, debe considerarse no solo en su aspecto ideológico político (compatriotas) sin apreciarse sobre todo en la importancia que tiene su diversidad para el desarrollo económico, político y social. Muchos migrantes, por ejemplo, decidirán quedarse en México y el poder público tendrá que llevar a cabo políticas públicas, leyes y acciones concretas en los tres órdenes de gobierno para integrarlos a las comunidades donde residen y al país.
En sentido jurídico político, los poderes ejecutivo y legislativo tendrán que realizar acciones concretar para actualizar el marco constitucional y legal, armonizándolo con los instrumentos jurídicos internacionales de la materia que por haber sido suscritos mediante tratados, convenios, etc., son vinculantes para nuestro país.
Todo esto que ha sido ignorado en este sexenio, debe ser un tema prioritario para las propuestas de candidatos serios y el eventual plan de gobierno de quien eventualmente ocupe el ejecutivo federal en septiembre del 2023
Por Jose Ramon Gonzalez Chavez