En noviembre de 2022 el Poder Judicial del Estado de México (PJEM) concedió la primera de las 14 amnistías promovidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), de las cuales tres han sido otorgadas a Personas Privadas de la Libertad (PPL´s) hombres y las 11 restantes a PPL´s mujeres, las tres últimas amnistías fueron otrorgadas a una mujer, sentenciada por el delito de homicidio y un hombre y otra mujer, quienes fueron sentenciados por el delito de extorsión.
La CODHEM detalló que en los tres últimos casos en los que se ha logrado el perdón del Estado habrían sido sentenciados a 40 años de prisión.
El caso de Jocelyn
Jocelyn fue liberada del Centro Penitenciario y de Reinserción Social (CPRS) de Ecatepec, ella estuvo presa durante 14 años, después de ser sentenciada por el homicidio de su pareja, quien detalló la CODHEM, era un policía federal que ejercía en contra de ella violencia física, sicológica, sexual, económica, vicaria y familiar.
El organismo defensor explicó que, en el estudio del expediente encontró que no fueron tomados en cuenta diversos aspectos durante el proceso penal que se le siguió, entre ellos precisó, no se valoró que Jocelyn era víctima de violencia, se vulneraron sus derechos de acceso a la justicia, no fue juzgada con perspectiva de género, no tuvo una adecuada defensa, y no se tomó en cuenta que era una mujer en situación vulnerable.
Los hechos
El día de los hechos por los que fue juzgada, su concubino amenazó con matar a la hija de ambos, de un año de edad, a quien le colocó una pistola en la cabeza y luego le introdujo el arma a la boca; posteriormente Jocelyn tomó el arma y le disparó.
Extorsión
La CODHEM abundó que, en los otros dos casos consiguió amnistías para Martina y Juan, quienes fueron sentenciados a 40 años de cárcel por una extorsión, de los cuales compurgaron 8 años. Martina fue liberada en el CPRS Femenil de Nezahualcóyotl Sur y Juan, del CPRS de Chalco.
La Comisión indicó que Martina es una mujer indígena migrante, originaria del estado de Oaxaca, que habla mixteco y entiende poco el español; Juan trabajaba como ayudante de albañil, era cuidador de su mamá, quien tiene una discapacidad motora y no tenía acceso a los servicios de salud ni de seguridad social.
En el análisis de los dos expedientes la CODHEM encontró que durante el proceso penal fueron afectados los derechos humanos de las dos personas a la proporcionalidad de la pena de prisión, al ser excesiva, y el derecho a la defensa adecuada porque se omitió exponer argumentos de defensa; además, Martina no tuvo un intérprete o traductor en su lengua originaria, y no se consideraron elementos significativos como la situación de vulnerabilidad de ambos: la discriminación en el caso de Martina, por ser mujer, así como la situación de pobreza de Juan.
Karina Villanueva