Para lograr un verdadero acceso a la justicia a todo integrante de los grupos originarios mexiquenses o de cualquier otra regi�n del pa�s, el Poder Judicial del Estado de M�xico lleva a cabo diversas acciones, como el apoyo con un int�rprete-traductor durante todo los procesos judiciales penales.
En los primeros siete meses de 2022, la Direcci�n de Peritos ha realizado 862 intervenciones con alg�n int�rprete, lo que representa el 128% respecto a 2021, en el que se registraron un total de 672.
Los especialistas m�s solicitados fueron en 18 lenguas, entre ellas, mazahua con 216 intervenciones, otom� 183, mazateco 124, n�huatl 113, mixteco 67; otros m�s chinantenco, amuzgo, huave, huirrarica, matlazinca, maya y tsotsil.
Con este fin, se tiene un padr�n de peritos externos int�rpretes en lenguas ind�genas del estado de M�xico y del pa�s, as� como algunas variantes; adem�s uno en lenguaje de se�as.
Demandas de violencia y pensiones
A fin de acercar la justicia a integrantes de las comunidades Otom�, Mazahua, Tlahuica, Nahua y Matlazinca, recientemente se realizaron las traducciones de los formatos de Demanda de violencia familiar y Pensi�n alimenticia, desarrollados con el apoyo de la Universidad Intercultural.
Por otra parte, el Centro Estatal de Mediaci�n, Conciliaci�n y de Justicia Restaurativa del PJEdomex impulsa la apertura de centros de paz y di�logo que contribuyen, a trav�s de la propia comunidad, al rescate de usos y costumbres restaurativos. El primero de este tipo, ya existe en la comunidad de Pueblo Nuevo, municipio de Acambay, en el que participan miembros del grupo originario otom�.
Pr�ximamente dos centros funcionar�n en los municipios de Tenango y Ocuil�n, operados por los propios residentes de las comunidades nahua y tlahuica, previamente propuestos por las y los jefes supremos, y capacitados por el Centro de Mediaci�n.
Capacitaci�n
Magistradas, magistrados, juezas, jueces y servidores judiciales participaron en el Curso de Capacitaci�n de Mecanismos de Atenci�n y Protecci�n a Comunidades Ind�genas sobre los derechos, normas, usos y costumbres de los pueblos originarios, pues las resoluciones que emiten, impactan directamente en las comunidades.