En los lejanos años noventas las mafias colombianas manejaban el trasiego de drogas a los Estados Unidos. Sus productos eran producidos en ese país centroamericano y en Bolivia, principalmente, y de ahí eran trasladados a nuestro país con la finalidad de pasar casi la totalidad de sus cargamentos a los Estados de Florida, Texas y California, donde a su vez, eran distribuidos por las mafias locales a los diferentes Estados de la Unión Americana para su consumo final.
El comportamiento del mercado tenía varias décadas que era manejado de esa forma con el beneplácito de los gobiernos estatales y federal de nuestro país, que tenían un férreo control sobre los grupos de traficantes de Sinaloa, Sonora y Chihuahua para dejarlos operar con la condición de que la droga saliera de México y no tocase a la población en general.
Los grupos mexicanos vinculados al narcotráfico desde la Segunda Guerra Mundial, dedicados fundamentalmente a la producción de mariguana tenían el usufructo de esa droga y a los cargamentos de opio, heroína y cocaína que eran enviados desde Colombia con destino al país más poderoso del mundo, también llevaban un importante componente de esa hierba.
Sin embargo, a partir de la segunda mitad de los años noventa las cosas cambiaron drásticamente. En aquellos años el porcentaje de la población que había consumido algún tipo de droga ilegal era menor al dos por ciento de la población de 12 a 65 años.
El cambio significativo se dio cuando los grupos mexicanos que trabajaban para los centroamericanos pactaron con ellos un cambio de fondo en la forma de hacer negocios. Hasta esos momentos los capos mexicanos y sus socios del otro lado de la frontera, recibían dinero en efectico por sus servicios para abrir caminos de comercialización, comprar autoridades y particularmente, trasladar los cargamentos a territorio estadounidense.
Entre 1994 y 1996, exigieron como parte del pago por los mismos servicios, que un porcentaje importante les fuera cubierto en especie, es decir, una parte de las drogas transportadas por mar y aire desde el sur del continente, y una parte en efectivo. La razón del cambio en el esquema de negocios de los mexicanos, fue que se percataron que las mafias locales en territorio estadounidense ganaban mucho más por el incremento en el número de consumidores, así que se fijaron el objetivo de colocar la droga pura que recibían, primero en la unión americana, desplazando o asociándose con los grupos locales y, segundo, generando un mercado interno de drogas en México, elevando el consumo y ampliando el mercado y sus ganancias.
Es conocido que con el paso de los años, los grupos delincuenciales mexicanos fueron incrementando no solo el consumo de drogas ilegales, sino también los tipos de sustancias que han inundado el mercado nacional, el de Norteamérica y hasta los mercados europeos con lujo de violencia y con márgenes de ganancias que han hecho de los cárteles mexicanos los más poderosos del mundo.
Ese poder económico y su capacidad para reclutar especialistas tácticos y bélicos ha generado en lo que va del Siglo, una cruenta y amplia lucha entre los diferentes grupos de la delincuencia organizada para controlar cada vez más, ciudades y una serie de actividades que han impactado de forma negativa a la población de todos los niveles.
El Estado de México es por sus límites geográficos, una de las entidades de mayor interés para los distintos grupos del tráfico de drogas por su cercanía a la Ciudad de México y en él se han asentado grupos que están haciendo valer su fuerza.
Han amenazado a otros grupos y enviado señales claras a las autoridades estatales y municipales en el sentido de que ellos habrán de controlar lo que los grupos del orden no han querido o no han sabido manejar, ya sea por la incapacidad táctica o por las limitaciones de personal, de capacitación y de recursos o de voluntad, que tanto la Policía Estatal como la Fiscalía General del Estado han dejado evidenciar en días recientes en la capital del Estado, en la zona sur de la entidad, y en el oriente que por años ha tenido expresiones violentas de forma cotidiana.
En este momento en el que prácticamente todas las dependencias estatales han bajado el ritmo de trabajo ante el cambio de gobierno, de partido y de régimen, la seguridad pública de los mexiquenses hoy se encuentra en un punto de absoluta deriva.
Esperemos que quienes tienen que ver con la seguridad pública y la tranquilidad de las familias que habitan el Estado de México, reflexionen si desean ser sumisos a las fuerzas criminales o imponen la fuerza del Estado y de la Ley para hacer viable la convivencia de personas, de inversiones y de mejores posibilidades para todos, o se esconden como hasta ahora, dejando a la población indefensa ante las extorsiones, el derecho de piso o la violencia en las calles.
H Grupo Editorial