Desde la homologación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobada por el Congreso de la Unión, los ciudadanos tienen grandes ventajas, como por ejemplo, el hecho de que los partidos políticos deben hacer públicas sus finanzas, al menos en lo que a recursos públicos se refiere, que son bastantes.
Además, se fortalecen los alcances de los institutos de transparencia, incluso con poder para sancionar en caso de negar información.La realidad es que la legislación en materia de transparencia tiene grandes aportaciones para los ciudadanos, que no son conocidas y que por lo tanto la sociedad no les da la importancia necesaria.La transparencia en la aplicación de los recursos es un ejemplo claro, al menos en el ámbito municipal.
Y es que aunque en teoría, por la ley de transparencia, los mexicanos tenemos el derecho de conocer a detalle la forma en que se aplican los recursos públicos, en la práctica la realidad es diferente.
En 2009 el instituto mexicano para la competitividad (IMCO) informó que de 394 municipios evaluados, sólo 69% contaban con una Ley de Ingresos, mientras que apenas 35% con un Presupuesto de Egresos, lo que en opinión del Instituto dejaba espacio a la opacidad y discrecionalidad en el destino de los recursos.
Para 2011, de los 373 municipios analizados, 100 no contaban con una página de internet oficial, 97 publican su presupuesto en internet, 89 no lo publican, 52 tienen una página de internet que no funciona y sólo 35 ofrecen la opción de solicitar información pública. Incluso entre los municipios que ofrecen información presupuestal, existían diferentes criterios contables para presentar la rendición de cuentas en sus portales.
En 2012 la calificación de los municipios en la divulgación de información era pésima. En promedio, todos los gobiernos locales incluidos en el estudio estaban reprobados
Como resultado de la falta de transparencia, encontramos que las deudas municipales crecieron de manera exponencial en los años recientes, en 2006 era de 160 mil millones de pesos y para 2010 era de 404 mil millones de pesos.
Al cierre del 2011, los pasivos de los ayuntamientos eran de poco mas de 50 mil millones de pesos, es decir, 12 mil 256 millones más que en el 2010.De estos, sólo 9.8% estaban avalados, es decir, de cada 100 pesos, sólo 10 tienen una garantía de pago.De los 31 estados, los cabildos de 15 no registraron aval alguno en sus créditos, entre ellos algunos del estado de México.
Para 2021, l gobiernos de las entidades federativas, junto con sus respectivos orgaosnismos, concentraron el 94 por ciento (627 mil 296 mdp), mientras que los municipios y sus organismos representaron el 6 porciento, (39 mil 529 mdp) del total de la deuda subnacional.
Las cuatro entidades federativas con el mayor saldo de deuda pública fueron la Ciudad de México (94.5 mil mdp), Nuevo León (87.1 mil mdp), el Estado de México (59.2 mil mdp) y Chihuahua (51.9 mil mdp).