Política violenta
La disputa entre Citlalli Hernández, Secretaria General Nacional de Morena, y Ricardo Salinas Pliego, es el ejemplo claro de todo lo que está podrido en la política mexicana.
¿Quién tiene la razón? Tal vez ambos, o ninguno, pero el problema es el tono en el que se desarrolla la discusión.
Lo cierto es que la lideresa de la 4T ha sido violenta, grosera, ofensiva. Esa ha sido la forma en que hace oposicionistas desde hace años, alimentando un discurso de odio y ofensas que parece no tener sustento y, por lo tanto, tampoco fin.
Sin embargo, eso no justifica en forma alguna la manera en que Ricardo Salinas se refiere a ella. Claramente esa es violencia. Hay duda acerca de si se trata de violencia política de género, puesto que Ricardo Salinas no es funcionario público ni pretende serlo.
Sin embargo, eso debería ser lo menos importante en esta discusión. Está mal, ya sea que sus acciones estén reguladas por ese marco legal, por otro o por ninguno.
El caso es que la discusión política de nuestro país no debe seguir avanzando por ese camino, o pronto todos estaremos ciegos y no habrá nada que rescatar.
El problema más grave es la forma en que este tipo de confrontas sin argumentos razonados ni límites atenta contra la democracia y la institucionalidad, como es el caso de la guerra del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el INE, ahora en el capítulo que involucra a Xóchitl Gálvez.
El presidente ha violentado una y otra vez las reglas establecidas al atacar a sus opositores, ya sea en la prensa, la política o la sociedad.
Esta vez decide hacer campaña contra una aspirante a la candidatura presidencial del grupo político opositor al suyo y, cuando la autoridad electoral interviene, simplemente arremete en su contra.
Al final, la polarización no es el problema,pues nos lleva al diálogo de sordos y así nada resolvemos.
Tendríamos que encontrar una vía que nos permita la competencia política sin violencia. Incluso la confrontación dura es posible, sin violentar las reglas básicas de la civilidad política y el marco legal institucional.
Martha González Aguilera