Al analizar la iniciativa de reforma para agilizar trámites de escrituración en la entidad, los diputados dieron a conocer que a nivel nacional 50% de los desarrollos urbanos se hace de manera irregular.
Ante esta situación, los grupos parlamentarios de Morena y del PAN, así como Alejandro Hernández Gutiérrez, representante del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) en el Estado de México, respaldaron la propuesta de exentar las multas derivadas de los actos que realice el Insus ante la Dirección General de Operación Urbana.
Esta iniciativa de la diputada Ingrid Schemelensky Castro, así como de los diputados Enrique Vargas del Villar y Francisco Brian Rojas Cano, del grupo parlamentario del PAN plantea liberar los procedimientos para la inscripción en el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), para que la ciudadanía agilice sus trámites de escrituración.
Durante la reunión, los legisladores Mónica Angélica Álvarez Nemer y Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena, así como Francisco Javier Santos Arreola, del PAN, coincidieron en la necesidad de la regularización de los predios para que la gente no esté en la incertidumbre ni carente de servicios públicos y se manifestaron a favor de que autoridades del Insus y del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México contribuyan a fortalecer la iniciativa y analizar cómo otras entidades han enfrentado la regularización de predios.
Viviendas irregulares
En tanto que Alejandro Hernández, representante del Insus en la entidad, compartió que de 30 millones de viviendas en el país se ha reconocido formalmente que 7.5 millones son irregulares, aunque la cifra podría llegar a más de 10 millones, y que 50% del desarrollo urbano a nivel nacional se hace de manera irregular.
Mencionó que el Instituto tiene pendiente de concretar 6 mil escrituras en la entidad desde 2014 que han derivado en mil 200 multas por no inscribir las cartografías a tiempo, afectando a 30 mil mexiquenses, por lo que se expresó a favor de un precio de regularización no mayor a los ingresos de la ciudadanía para que tengan certeza jurídica y los gobiernos un mejor panorama de su desarrollo urbano.
Beneficios
Buscan que más personas cuenten legalmente con una vivienda, y aumente su valor, tener la posibilidad de acceder a créditos, contar con mejores servicios y heredar un patrimonio.