Conforme al Plan de Desarrollo 2024 entregado hace unos días a los diputados mexiquenses, por lo menos 58% de la población mexiquense de 18 años y más percibió a la corrupción como el segundo problema más importante que aqueja al Estado, por debajo de la inseguridad y la delincuencia, por lo que erradicarla es prioridad del gobierno de la mandataria Delfina Gómez.
Se refiere que aunque en el Estado de México ya existen la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, no han rendido los frutos deseados y se han dedicado a la simulación, por ello “es necesario fortalecerlos con mayores atribuciones y una mayor participación ciudadana”.
De la misma forma indica que en la entidad la corrupción ha impactado profundamente y ha socavado la confianza en las instituciones, limitando el potencial de desarrollo social, económico, político, entre otros, de la entidad y el bienestar de la población.
Lo mismo que prácticas indebidas como el abuso de poder, el desvío de recursos públicos, tráfico de influencias, la normalización social de la corrupción, la impunidad, la falta de transparencia y rendición de cuentas, han repercutido en el ejercicio de los derechos.
Hasta el 2021 se registraron 32 mil 906 casos de corrupción por cada 100 mil habitantes, en tanto que el costo económico estimado de la corrupción a nivel nacional es de 3 mil 044 pesos por persona, costo que impacta negativamente al presupuesto.
Se suma a que la entidad es una de las entidades con mayor incidencia de la corrupción, y que 43.4% de los mexiquenses considera que los actos de corrupción en la entidad son muy frecuentes, en tanto que 6 de cada 10 mexiquenses (60.5%) de 18 años y más tuvo contacto con algún acto de corrupción en trámites, pagos y solicitudes de servicios.
De los mexiquenses de 18 años o más que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública, 84% tuvo experiencia con algún acto de corrupción.
Es así que la entidad ocupó la posición número uno en el orden nacional; casi 20 puntos más que la media nacional (65%) y más de siete respecto a la entidad que ocupó el segundo lugar Veracruz, (77.4%).
El Estado de México es la cuarta entidad con la mayor tasa de incidencia de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes (32.9% de la población de 18 años y más tuvo contacto con algún acto de corrupción), además de refiere que durante la pasada administración se denunció un promedio de 50 casos de nepotismo al año.
“La corrupción ha dañado la capacidad de las instituciones públicas para servir al pueblo, por lo que erradicarla será uno de los objetivos centrales durante el sexenio, de tal forma que ningún servidor público pueda beneficiarse del cargo que ostente”.
Eli significa impedir entre otras cosas, el desvío de recursos públicos, evitar la concesión de beneficios a terceros a cambio de gratificaciones, eliminar la extorsión, el tráfico de influencias, el amiguismo, el nepotismo, el soborno de servidores públicos, el compadrazgo y el enriquecimiento ilícito, frenar la exención de obligaciones, la condonación de impuestos, así como el aprovechamiento del cargo o función para lograr cualquier beneficio personal o de grupo, prácticas nocivas que se acostumbraban en el Estado de México.
Se da a conocer que se requiere instaurar mecanismos de control y auditoría más eficientes y eficaces, orientados a prevenir la incidencia y recurrencias en actos que vulneren el uso adecuado de los recursos públicos.
De la misma forma, a efecto de propiciar una administración honesta y transparente, que permita visualizar el destino de cada peso, es necesario fortalecer la fiscalización, las acciones de control y evaluación, tanto a nivel local con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, como con los entes fiscalizadores externos, entre ellos, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.
Adriana Carbajal