Programas sociales, INE, candidatas y arranque de procesos locales
¿Dónde estamos y hacia dónde vamos en la contienda electoral?
El primer mes de las campañas electorales federales ha concluido; más allá de los análisis políticos, que vaticinan triunfos en todas direcciones, vale la pena preguntarnos dónde estamos y sobre todo cuál es el panorama futuro de la contienda electoral, sobre todo en términos jurídico-electorales.
Ubicarnos sobre el escenario actual exige decir que vivimos un proceso electoral con abiertas intervenciones gubernamentales; el presidente de la República -fiel al que ha sido su estilo de gobierno- se convierte, en cada oportunidad, en promotor del proyecto político de su partido. La autoridad electoral, aunque presente, ha sido poco firme y sobre todo poco efectiva para evitar que su intervención sea una constante.
Desde el lado opositor, la exigencia a las autoridades electorales para evitar la intervención gubernamental se ha transformado en abuso; el extremo se presentó cuando desde su candidatura se utilizó -sin permiso- el logo del árbitro electoral (INE) para comunicar que los programas sociales no son propiedad de ningún proyecto político. La sanción por esa conducta está pendiente.
El vacío en la norma electoral permite que propios y extraños usen las encuestas como mecanismos de promoción electoral; más allá de generar diagnósticos que sirvan en la toma de decisiones de cada equipo de campaña, la herramienta estadística se ha reducido a ser un instrumento del discurso electoral. Las consecuencias sobre este uso se verán reflejadas en los niveles de participación de la ciudadanía.
Con todas estas aristas abiertas, otro frente de batalla se inició desde el pasado domingo: diversas campañas electorales locales -Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Chiapas y Morelos- han arrancado formalmente. Desde ahora y hasta el 29 de mayo se intensificará la presencia de la contienda electoral. En el caso del Estado de México, el arranque será hasta el próximo 26 de abril.
Con estos escenarios, la proyección de los meses siguientes no es prometedora. Por un lado, las peleas y descalificaciones entre oponentes parecen ser la constante; las campañas no parecen estar interesadas en formular propuestas de gobierno, el ataque es el punto de partida ¿se puede elegir en un escenario de descalificación y sin rumbos claros del qué hacer público?
Por otro lado, el traslado de la contienda electoral a la arena jurídica es un hecho innegable; todo indica que aún después de la jornada electoral del 2 de junio las autoridades electorales, sobre todo los tribunales, serán saturados con procedimientos y juicios que reclamarán ganar en la mesa lo que no se haya podido asegurar -o al menos no con amplios márgenes- en las urnas. El desgaste para las autoridades es la otra constante ¿estarán dispuestas a asumirlo en beneficio de la democracia de nuestro país? ¿se dictarán sentencias y resoluciones sin filias, fobias o temores institucionales?
La contienda electoral de 2024 se perfila polarizante; si bien es cierto existen márgenes amplios en algunas batallas, no lo es menos, que en la mayoría de las contiendas nada está decidido; la participación ciudadana será fundamental para los triunfos políticos, la firmeza en las decisiones de las autoridades electorales crucial para la gobernabilidad. El reto de 2024 radica en inhibir el abstencionismo, en acrecentar la credibilidad institucional y en procesar los fracasos y triunfos políticos ¿seremos capaces de lograrlo?
Por: Fernando Roberto Zúñiga Tapia
Twitter: @ZuFerTapia