Arturo Zaldívar ¿Reformador o destructor del Poder Judicial?
Un ministro que se volvió político… o nunca dejó de serlo…
En las democracias constitucionales contemporáneas, el Poder Judicial desempeña una función especialmente importante, aunque poco visible; se trata del único poder que protege el régimen democrático sin participar directamente de él y sin hacer alardes de sus contribuciones.
Su legitimidad y fuerza provienen de la calidad de sus resoluciones y sentencias, las cuales dependen -íntegramente- de las razones y argumentos técnico-jurídicos que puedan desarrollar para proteger a la ciudadanía, sus derechos humanos y los valores fundamentales de la vida en sociedad.
A diferencia de los otros poderes, sus integrantes no se definen -o al menos no aún- por una votación directa y mayoritaria de las y los ciudadanos; su integración es definida -al menos en el deber ser- por la preparación que deban tener ministras y ministros que llegan a ocupar un lugar en su pleno. La teoría dicta que sólo los y las mejores juristas integran este órgano colegiado, cuya lealtad y convicciones debieran responder -únicamente- a la Constitución.
Por ello, sorprende e impacta al diseño institucional cuando uno de sus integrantes pretende jugar en la arena política. Su incursión, defensa y promoción de un proyecto político -el que sea- demerita la función judicial y le asesta un golpe certero a su legitimidad.
El ministro en retiro, hoy político en activo, Arturo Zaldívar paso de ser uno de los principales impulsores de la Reforma Judicial a un “burdo” activista de su destrucción. Sus dichos, pero peor aún sus acciones, han demostrado que su quehacer público se encuentra encaminado a ocupar posiciones de poder y no así a la ampliación y protección de derechos, al menos no, desde la sede judicial.
El “gen político” de Zaldívar pudo más que el juramento judicial de lealtad a la constitución; hoy se encuentran sujetos de investigación muchos de sus actos y de los actos de los suyos, que buscaron influir en la toma de decisiones judiciales como forma de acercamiento al poder ejecutivo en turno. De demostrarse, el castigo debiera ser ejemplar.
Si bien es cierto la investigación se ha iniciado a partir de una denuncia anónima, no lo es menos, que el detalle y especificidad de la denuncia hace dudar -a propios y extraños- de que se trate solamente de un “golpe político” propio de la época electoral.
Lo interesante es que es el propio ministro en retiro quien, con sus descalificaciones a la investigación sobre su actuar, parece atentar contra su presunción de inocencia. Nadie más que él debiera estar interesado en que cada acción, emprendida por él y los suyos, sea investigada para demostrar que su gestión fue integra e independiente.
El exjuez constitucional debiera ser el primer promotor de la transparencia en su gestión, sobre todo por la forma en cómo abandono el cargo que le fue conferido… será que en su imaginario no aplica el dicho ¿nada teme el que nada debe?
Por: Fernando Roberto Zúñiga Tapia
Twitter: @ZuFerTapia