Votación anticipada y problemas de campo…
El corte de caja de las campañas electorales
El ejercicio del Derecho Humano a votar ha representado una de las primeras luchar por la igualdad. Se trata de la expresión primigenia de participación ciudadana y del origen mismo del sistema democrático. Por ello, todas las acciones encaminadas a proteger y garantizar este derecho deben tomarse en consideración y con especial grado de importancia.
Apenas ayer, 6 de mayo, comenzó el denominado voto anticipado para presos y personas con discapacidad. En un operativo poco mediático, pero de gran relevancia, los Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) comenzaron la entrega -a la ciudadanía- de los sobres que contienen las boletas electorales.
Se trata de 34,393 personas que -de acuerdo con los números oficiales- no podrían asistir a las urnas de votación el próximo 2 de junio, pero que habrían cumplido con los requisitos establecidos para emitir su voto: 4,002 votantes tienen alguna incapacidad, mientras que 30,391 son personas que se encuentran en prisión sin que les haya sido emitida una sentencia.
La cifra no es menor, sobre todo, si se piensa que este ejercicio representa un esfuerzo de relevancia actual, cuyo resultado corresponde a un proceso organizado desde un programa denominado “voto anticipado en el proceso electoral 2023-2024”.
Algunos datos relevantes del programa: los estados con mayor participación son la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Estado de México y Aguascalientes, y por lo que hace al programa de voto en centros penitenciarios, participaran presos de 216 centros en todo el país. Además, el INE garantizó la seguridad durante toda la cadena de custodia de la documentación.
Como ejercicio de participación y garantía del derecho a votar el esfuerzo es loable y encuentra ecos en las más recientes sentencias del tribunal electoral, las cuales -desde una visión protectora de los derechos humanos- ha empujado la implementación de acciones que permitan expandir el ejercicio de todos los derechos para todas las personas. Por el bien de nuestra democracia, esperemos que se garantice la seguridad de la documentación y la certeza de la voluntad ciudadana expresada en ésta.
Mención aparte, no menos relevante, es la de un hecho ampliamente condenado: el pasado jueves 2 de mayo fue asesinado un funcionario de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE en el municipio de Axapusco, mientras realizaba funciones propias de su encomienda como servidor público electoral. Aunque las investigaciones -aún en curso- parecen descartar que el asesinato se deba a su función electoral, el hecho debe ser investigado y los responsables castigados… el clima de violencia sigue siendo el común denominador de este proceso electoral. Nuestra solidaridad y condolencias con la familia…
Por: Fernando Roberto Zúñiga Tapia
Twitter: @ZuFerTapia