La extensión temporal que rompió una alianza
En un acto que sorprendió más a los propios (alianza “Va por México) que a los extraños (Morena y sus aliados), el PRI, por medio de la diputada Yolanda de la Torre -con el apoyo de su dirigencia nacional-, impulsó una iniciativa cuyo eje rector consistía en reformar un artículo transitorio constitucional que permitiría la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028, es decir 4 años más de lo originalmente proyectado.
El debate ha trascendido las barreras legislativas y jurídicas; en términos políticos causó ruptura doble: la del PRI, que evidenció sus fracturas internas y de paso la de la alianza “Va por México”; originó un nuevo amor, de alcances y balances misteriosos, el denominado “Primor”, y ha colocado el escenario perfecto para que el Secretario de Gobernación haga campaña de promoción de la reforma, del proyecto transformador (y de paso de su persona). Si se tratará de una jugada de billar el tiro fue de -al menos- tres bandas y colocó varias bolas dentro de sus troneras.
La modificación constitucional propuesta representó para el gobierno y su partido una salida legal viable; la extensión de temporalidad que permite a las fuerzas armadas realizar tareas de seguridad pública es una medida jurídicamente posible. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha avalado que la presencia de las fuerzas armadas es convencional (apegadas a los tratados internacionales), constitucional y legal mientras que ésta sea de carácter extraordinario, temporal y con la acreditación de la absoluta necesidad, cuestiones que se cumplen en el caso concreto.
Fue gracias a la labor legislativa en el Senado de la República que la iniciativa incluyó aspectos interesantes: primero, se cumple con el estándar marcado por la SCJN para establecer mecanismos de rendición de cuentas, revisión y supervisión del funcionamiento institucional que realicen las fuerzas armadas. El Ejecutivo Federal deberá presentar informes semestrales proporcionando indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en materia de seguridad pública.
Segundo, se incluye la obligación de dotar de presupuesto el plan de fortalecimiento de policías estatales y municipales; al mismo tiempo, se establece la corresponsabilidad de los gobiernos estatales en las tareas de seguridad pública y se les obliga a éstos a rendir cuentas ante sus congresos locales y ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Las policías civiles -estatales y municipales- deben fortalecerse y profesionalizarse, esperemos que los recursos se destinen a lo que deben y que la revisión de su cumplimiento se haga de forma exhaustiva.
Se establecen un cumulo de obligaciones y responsabilidades que no son malas ideas, sino buenas intenciones ¿estamos frente la oportunidad deseada para resolver el grave problema de inseguridad que vivimos en México? Ojalá que sí, las bases constitucionales -logradas pese a todos los obstáculos- parecen ir en el camino correcto, la última escala se dará en los congresos locales.
Sin ánimo de escribir el final de la novela, vale la pena recordar que en política (como en el amor) se hace camino al andar, hay amores que existen por siempre y otros tantos que no han de durar ¿será amor de una iniciativa, de un sexenio o historia de gobernabilidad? Ojalá que, con independencia del drama político, la civilidad se anteponga ante la necesidad de algunos actores de vivir en la grilla permanente. La política es parte del Estado, pero la seguridad es indispensable para que éste exista.
Por: Fernando Roberto Zúñiga Tapia
Twitter: @ZuFerTapia