El festejo desde el terreno electoral
El pasado 5 de febrero se conmemoró el 106 aniversario de la promulgación de nuestra constitución; la fecha es relevante no sólo como efeméride nacional -que recuerda la configuración de nuestra patria-, sino como oportunidad crítica para revisar la vigencia de su texto, de su legado y de su configuración como un texto fundamental para la vida política y jurídica de nuestro país.
El festejo de este 2023 se vive en un contexto particular. Por un lado, nuestra Carta Magna enfrenta el reto de convertirse en un texto garante del sistema democrático. Sus disposiciones, que permiten a las mayorías realizar modificaciones legales con restricciones, se pondrán a prueba con el intento de modificar las reglas electorales. Más allá de los contenidos de la reforma electoral propuesta lo que está en juego es la normalidad constitucional que debe garantizarse con toda reforma legal.
En ningún caso es deseable y menos aún permisible que una reforma legal trastoque los límites del texto constitucional. Se trata de garantizar derechos de la mayoría (al modificar leyes) sin menoscabar los que tiene la minoría (de resistir cambios al texto fundamental sin su consenso). Será, como lo hemos insistido, el Poder Judicial (concretamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación) quien se encargue de determinar si el legado democrático de nuestra constitución se honra o se trastoca.
Por otro lado, y respecto del propio tema electoral, nuestra Constitución enfrentará lo que podría calificarse de “desaire” a sus aspiraciones de que ciertas determinaciones se construyan respetando la especialidad técnica y con base en el diálogo político. Esto es así, pues en el tema de nombramientos de cargos de relevancia constitucional -magistraturas, comisionados o consejeros, por citar algunos ejemplos- nuestro texto fundamental ha propugnado por un diseño que requiere no sólo de mayorías calificadas (las cuales implican el diálogo y consenso político), sino también de procesos de evaluación de perfiles técnicos.
Por ello, el planteamiento oficial de realizar las designaciones de las Consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) por insaculación (es decir dejarlo a la suerte) y no como resultado de procesos deliberativos y consensuales parece una afrenta a la disposición constitucional en la materia. Esta determinación evidencía un triunfo de la división política frente al legado -por lo menos discursivo- de unidad nacional al que todo texto constitucional aspira. Es cierto que el método de la insaculación es parte de la fórmula, pero no como primera, sino como última opción… se trata de que el azar sea la última de las posibilidades para hacer funcionar al Estado… ¿Quién con vocación política no quisiera privilegiar el diálogo y el consenso en lugar de optar por “una mano santa” que elegirá dentro de una tómbola?
Con estos escenarios, el festejo de nuestra Constitución -al menos el que hacemos en temas electorales- sugiere repensar si conmemoramos un legado de unidad y trascendencia democrática o, si, por el contrario, celebraremos la posibilidad que nos da la norma -aún la fundamental- de encontrar cómo evadirla, darle la vuelta o dejar al azar lo que debiera construirse con ideas en el debate político… sea como sea … Feliz 106 aniversario y -por si las dudas- que la suerte nos acompañe…
Por: Fernando Roberto Zúñiga Tapia
Twitter: @ZuFerTapia