¿Qué representa el Estado de México en el nuevo escenario electoral?
El año 2023 representa -para el país y para el Estado de México- un escenario de conformación de autoridades electorales y políticas. En el caso del país, se ha consumado la renovación de cuatro consejerías electorales, incluida la presidencia, del Instituto Nacional Electoral (INE); en el Estado de México han arrancado las campañas electorales para la renovación de la gubernatura.
Aunque parecieran hechos aislados, relevantes -cada uno- en su escenario, ambos se encuentran conectados. La elección del Estado de México -junto con la de Coahuila- será el primer examen para la nueva configuración de la autoridad electoral nacional; será en estos procesos electorales donde se ejercitarán las facultades que le corresponden, una crucial: la fiscalización electoral.
De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) corresponde al INE la fiscalización de los procesos electorales locales; esto se traduce en la facultad para revisar y auditar -con independencia y rigor técnicos- la documentación soporte y la contabilidad contenida en los reportes de ingreso y gasto que le presenten los partidos políticos, dicha tarea es realizada con apoyo de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF).
Un dato no menor es que, como parte de todos los cambios que suceden en el Instituto, la Mtra. Jacqueline Vargas, titular de la UTF, ha hecho pública su renuncia; el nuevo Consejo General del INE tendrá -como primer reto- designar a la persona que habrá de encargarse de esta importante encomienda. Sin embargo, el nombramiento ya camina tarde desde su origen, pues quien asuma esta responsabilidad habrá de hacerlo en medio de dos procesos electorales en curso.
La importancia del tema radica en que la fiscalización es una de las razones de existencia del INE y de nuestro sistema electoral. Los recursos -públicos y privados- y la forma en que éstos son utilizados permiten, o no, garantizar contiendas equitativas, libres y auténticas.
Con el tiempo encima y en un escenario de alta competitividad ¿será capaz la autoridad de garantizar el cumplimiento de la norma en esta materia? Recordemos que tanto las aportaciones ilícitas, como el rebase en el tope de gastos de campaña puede ser causa de la nulidad de la elección, sobre todo frente a un resultado cuya diferencia sea menor al 5% entre el primer y segundo lugar, eso sin contar las sanciones económicas que puede tener una elección de estas características.
El examen de arranque para la autoridad electoral nacional no es sencillo; su actuación y resultados serán referencia para entender los parámetros y expectativas de cara a procesos electorales futuros, incluido el de 2024. El Estado de México representa no sólo la oportunidad para que el nuevo Consejo General del INE dé muestras -desde un inicio- de su compromiso con la democracia, sus procesos y sus facultades, sino que coloca un escenario óptimo para evaluar qué innovaciones podrían tenerse de su parte.
Se trata de contar con autoridades comprometidas con el marco legal de actuación; sin protagonismos excesivos, sin sesgos partidistas y sin titubeos manifiestos, técnicamente pulcros y ciudadanamente confiables ¿podrá lograrse?… este año tendremos una primera respuesta…
Por: Fernando Roberto Zúñiga Tapia
Twitter: @ZuFerTapia