Han pasado 16 días desde el inició de la campaña electoral para renovar la gubernatura del Estado de México, la cual culminará el 4 de junio con la jornada electoral. Más allá de la lucha por conseguir votos, existe una batalla paralela: la jurídica; candidaturas, partidos y coaliciones disputan -cerradamente- los primeros lugares de presentación de quejas y denuncias.
El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) tiene registro, hasta el momento, de 198 quejas y denuncias; a éstas se suman todas aquellas presentadas ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Mas allá del número exacto, destaca un hecho: el proceso electoral 2023 es y será altamente judicializado.
Las sanciones de las quejas son menores: el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) ha resuelto que la mayoría carecen de fundamentos legales y en los casos donde detecta violaciones a la norma ha optado por imponer amonestaciones públicas (llamadas de atención) que representan la menor sanción posible. Sus sentencias han sido confirmadas en las instancias federales.
Las implicaciones de esta realidad son muchas: primero, la carga de trabajo a la que se somete a las autoridades electorales es alta, más allá de la solidez argumental de las quejas y denuncias, éstas se encuentran obligadas a resolver cada uno de los aspectos que son sometidos a su revisión. Un análisis preliminar permite establecer una constante: la única intención detrás de la judicialización del proceso consiste en asestar golpes mediáticos y poner a trabajar al oponente.
Segundo, se crea en el imaginario ciudadano y social -sobre todo el partidista- la existencia de un proceso cuestionable. No importa la opción política representada, existirán argumentos para señalar que el proceso fue contaminado con actitudes ilegales de actores políticos, servidores públicos y hasta autoridades electorales. La judicialización se convierte en herramienta de la polarización política.
Tercero, ante un resultado electoral competido -como se vislumbra-, con un margen de triunfo/derrota menor al 5%, la acumulación de sentencias favorables se utilizará para argumentar la existencia de conductas sistemáticas y reiteradas que pueden influir – de forma determinante- en el resultado electoral; con ello, se abre la posibilidad de anular la elección. La utilidad jurídica de esta estrategia consiste en que la candidata perdedora podría acreditar que su derrota se debió a conductas contrarias a la norma; en otras palabras, que se le ganó a la mala y por poquito, lo cual amerita repetir la elección, con todo lo que ello implica.
La judicialización de un proceso electoral es parte de una estrategia que trasciende a lo jurídico y que tiene altos componentes políticos. Las autoridades electorales, administrativas y judiciales, deben ser cuidadosas en la resolución de los asuntos. Se trata de resolver conflictos, no con consideraciones políticas (pequeños golpes para ambos bandos), sino con lógica jurídica: la sanción como verdadera inhibidora de conductas.
El siguiente paso debe ser evidenciar y sancionar a quienes utilizan el aparato judicial como herramienta política y mediática, sus costos son altos en perjuicio de nuestra democracia. Si las y los legisladores están genuinamente preocupados por mejorar la justicia electoral deberían atender este tema y dotar a los tribunales de facultades para sancionar el uso político de la justicia, en lugar de pensar en reformas que atenten contra la ampliación de Derechos Humanos, como el respeto a las minorías y al principio de paridad de género.
Por: Fernando Roberto Zúñiga Tapia
Twitter: @ZuFerTapia