La corrupción
¿Punto de partida y final en el gobierno actual?
Una de las principales causas abanderadas por el entonces candidato López Obrador fue el combate a la corrupción. Incluso, en su discurso de toma de protesta como presidente de nuestro país dedicó tiempo para asegurar que la administración que encabezaría habría de terminar con el “amiguismo”, el nepotismo y el influyentísimo.
Es difícil precisar cuántos mexicanos y mexicanas decidieron su voto con base en esta promesa de campaña, la cual no era menor. El gobierno del presidente Peña Nieto había sido señalado por varios casos de corrupción que causaron decepción e indignación en propios y extraños; la estafa maestra, la casa blanca, el plagio de su tesis y la protección a gobernadores acusados de desvíos millonarios eran algunos de los temas que explicaban por qué la percepción ciudadana consideraba que dicho gobierno y su presidente eran corruptos.
Resultaba esperanzador el cambio y combate prometido. La realidad, sin embargo, ha demostrado pocos cambios y selectos combates; el gobierno de la cuarta transformación seleccionó casos emblemáticos para iniciar el combate a la impunidad: la estafa maestra y el escándalo de Odebrecht. En ambos, la estrategia emprendida pareció más una cacería de brujas para librar viejas rencillas políticas que un mecanismo efectivo para impartir justicia y resarcir los daños que la corrupción ha hecho en nuestro país. A 5 años del inicio de estos procesos son más los liberados, casi nulos los sancionados e inexistentes los resarcimientos.
El presidente insiste en considerar la corrupción como un mal del pasado; sin embargo, su gobierno cuenta con escándalos que parecen versiones mejoradas de los casos denunciados en el sexenio anterior. La estafa maestra, donde se calcula un desvío por 7 mil 600 millones de pesos, ha sido ampliamente rebasada por el escándalo de Segalmex, cuyos cálculos de desvío oscilan en los 15 mil 300 millones de pesos. En este asunto -además- se acusa al presidente de proteger al principal sospechoso.
Si la casa blanca representó un caso emblemático dentro de la familia presidencial de Peña Nieto; las casas grises vinculadas con los hijos del presidente López Obrador ejemplifican una versión actualizada del asunto. En estos casos, la corrupción que se denuncia es resultado de los conflictos de interés que llevan a particulares a beneficiarse de contratos públicos entregados a modo, los cuales se agradecen con “prestamos”, “regalos” o “rentas” de lujosos inmuebles en beneficio de miembros de la familia presidencial en turno.
Hasta el plagio de la tesis tuvo segunda parte; y es que, aunque el cuestionamiento no se dirige a la figura del presidente, sí se presenta a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no sólo fue propuesta por su gobierno, sino que se asume como una figura cercana a su proyecto y quien ha sido públicamente defendida por él.
Alguien deberá informar al presidente que, en la política, como en el cine, las segundas partes no suelen ser buenas. Es cierto que su popularidad y niveles de credibilidad siguen siendo positivos entre la ciudadanía mexicana, pero no lo es menos que éstos han disminuido. Si el combate a la corrupción fue una de las propuestas que fortaleció al entonces candidato López Obrador, puede que sea ésta quien debilite al proyecto y al gobierno de la cuarta transformación.
Por: Fernando Roberto Zúñiga Tapia
Twitter: @ZuFerTapia