Los fideicomisos públicos:
Usos, abusos y toques de realidad
El presidente y sus aliados políticos han colocado en el centro de la discusión pública, una vez más, el tema del uso y destino de los recursos que se encuentran en fideicomisos públicos, esta vez relacionados al Poder Judicial de la Federación. El discurso oficial es consistente: los fideicomisos públicos se usan para guardar dinero que luego se transforma en lujos de la alta burocracia mexicana.
En esa narrativa oficial han sido nulas las voces de la oposición capaces de explicar qué es un fideicomiso público, para qué se usa y por qué estos instrumentos financieros resultan útiles o deseables para la ciudadanía mexicana.
El resultado de la estrategia de comunicación oficial y de la ausencia de respuesta es claro: según la encuesta realizada por la empresa Enkoll para el diario el País y W Radio, el 51% de las y los mexicanos encuestados están en favor de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, cuya consumación sucedió la semana pasada; mientras que un 54% de las personas encuestadas se declara en favor de reducir el presupuesto del propio Poder Judicial.
Si bien es cierto el tema es altamente técnico, no resulta menor que la oposición política no encuentre los caminos de comunicación necesarios para expresar -con sencillez y claridad- ideas que hagan frente a la oferta política de la autodenominada cuarta transformación.
Los fideicomisos públicos son instrumentos legales que se utilizan para potencializar ahorros. Es decir, se trata de herramientas altamente fiscalizadas que permiten ahorrar dinero para cumplir con metas, obligaciones y objetivos claramente determinados. No se trata de cajas chicas o de fondos discrecionales, sino todo contrario… se trata de instrumentos donde se puede ahorrar dinero para que éste se destine exactamente a lo que se exprese.
Un ejemplo de los usos benéficos de un fideicomiso se presentaba con el denominado “Fonden” (Fideicomiso dedicado a generar un fondo para atender desastres naturales). En este instrumento se destinaban y guardaban recursos cuyo objetivo único era la recuperación de la población ante un desastre natural. El uso de estos recursos tenía reglas claras para operar y no quedaba a la voluntad de nadie (ni la del presidente) el poder utilizarlo apenas fuera necesario.
Así como este fideicomiso era un mecanismo de ahorro para atender emergencias naturales, muchos otros se usaban para impactar gastos relacionados con la atención médica del seguro popular, fondos de fomento y apoyo al desarrollo científico o para garantizar el cumplimiento de obligaciones laborales en beneficio de las y los trabajadores de un determinado poder (como el Judicial). ¿Será que todo ello atiende actos de corrupción o lujos de la alta burocracia?
Es claro que los instrumentos como los fideicomisos públicos pueden mejorarse, pero debemos entender que su mejora no implica – o al menos no necesariamente- su desaparición. La ciudadanía mexicana tiene derecho (e incluso la obligación) de mantenerse informada sobre el uso y destino de los recursos públicos que aporta el Estado, lo deseable es que dicha información llegue con apego a la verdad.
El oficialismo debería estar consciente de que las mentiras no se sostienen en el largo plazo, mientras que la oposición debería urgir mejorar su capacidad de comunicación con la ciudadanía.
Por: Fernando Roberto Zúñiga Tapia
Twitter: @ZuFerTapia