Bonos electorales y listas plurinominales
¿Disminuyen el valor de nuestra democracia?
El valor de la democracia mexicana ha sido relativizado recientemente desde el poder ejecutivo. En su discurso, el presidente de la República, los partidos que le son afines y sus seguidores han resaltado que nuestra democracia no sólo es “demasiado costosa”, sino que ésta se utiliza -al menos desde la oposición- para mantener privilegios.
La generalización que implica dicho discurso puede combatirse, ya sea con argumentos técnicos respecto de la especialización y complejidad que implica la función electoral o con la necesidad de contar con pluralidad en las representaciones públicas; el silencio de los involucrados le convalida y fortalece.
El pasado 17 de enero, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó otorgar un bono especial de dos meses de sueldo -poco más de 500 mil pesos, pagaderos en dos exhibiciones- para las y los consejeros electorales en razón de la carga de trabajo derivada del proceso electoral 2024, que define como “el más grande de la historia”.
El bono aprobado no es ilegal, se trata de una prestación que encuentra fundamento en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y que también incluye a titulares y encargados de unidades técnicas, direcciones ejecutivas, asesores de consejeros electorales, a la Secretaría Ejecutiva y a diverso personal contratado por el régimen de honorarios.
Lo que destaca, es que en esta ocasión el acuerdo incluye la posibilidad de que el bono sea otorgado a las Consejerías Electorales, situación que no sucede desde 2009 y que colocaría en el debate público -de nueva cuenta- el tema de la vulneración a la Ley de Austeridad, haciendo que las consejerías rebasaran el tope de sueldo en relación con lo que gana el presidente de la República ¿Realmente es necesario otorgar este bono a las Consejerías Electorales sin otorgar mayor explicación de su necesidad?
El otro actor aludido, la oposición política, también dio de qué hablar en días pasados. Sus dirigencias nacionales aprobaron y presentaron la lista de candidaturas plurinominales para el Congreso General (Cámara de Diputados/as y Senadoras/es). Más allá de destacar que dichas listas se presentan al amparo de la capacidad de auto organización de cada fuerza política, destaca el tratamiento que de ellas se ha dado, al menos, desde el oficialismo.
No con poca razón, se ha señalado que las listas fueron construidas privilegiando a las élites partidistas -sobre todo a las que se encuentran en posiciones de toma de decisiones de cada fuerza política-. Lo sorprendente es que, ante ese ataque, la oposición no sea capaz de responder con argumentos francos y abiertos.
Los perfiles incluidos en posiciones plurinominales generalmente tienen mayor experiencia política, capacidad de negociación y no necesariamente popularidad electoral; son espacios para garantizar la pluralidad política. El uso de éstos por las élites políticas no es nuevo, ni ajeno a las fuerzas políticas que hoy conforman el oficialismo.
El valor de nuestra democracia disminuye cuando se monopoliza la información y se imposibilita el debate; cuando las acciones que se realizan son juzgadas como “malas”, sin que exista resistencia respecto de dicho calificativo y capacidad para explicar a la ciudadanía el porqué de cada decisión. Autoridades electorales y oposición tienen mucho por trabajar en la narrativa electoral…
Por: Fernando Roberto Zúñiga Tapia
Twitter: @ZuFerTapia