En defensa de la independencia y la autonomía
¿Por qué son importantes en el México actual?
El pasado 5 de febrero el presidente de la República presentó un conjunto de iniciativas que buscan reconfigurar el diseño constitucional y el entramado institucional de nuestro país. Su análisis se realiza en el corazón del poder legislativo y trasciende al ámbito académico, desde donde buscan darse opiniones que ayuden en la toma de decisiones.
Existen dos propuestas cuya relevancia es incuestionable: una de reforma al poder judicial y otra que se autodenomina de “simplificación orgánica”, cuyo objetivo consiste en explicar la necesidad de eliminar ciertos organismos constitucionales autónomos.
Mas allá de razones políticas, existen argumentos técnicos que justifican porqué es relevante defender la independencia y configuración del poder judicial -como un poder contra mayoritario-, así como la existencia de Organismos Constitucionales Autónomos.
El poder judicial -en su concepción más simple- representa un contrapeso en el equilibrio de poderes. Su función y objetivo están guiados por un análisis técnico jurídico que permita la impartición de justicia en todos los niveles. La propuesta propone, entre otras cosas, reformar los mecanismos de selección de jueces, ministros y magistrados: llevarlos al terreno político electoral y someterlos al sufragio.
Si bien es cierto no se plantea una elección carente de requisitos técnicos, no es menor que se realice un proceso electivo popular. Las y los jueces electos seguirán una lógica política más que jurídica lo cual pone en riesgo su independencia, la imparcialidad y el rigor técnico de sus sentencias. Eso sin contar los inevitables problemas en materia de financiamiento que están presentes en todo nuestro sistema electoral.
Es aplaudible el anhelo de la reforma por mejorar los tiempos y formas en los cuales el sistema de impartición de justicia toma decisiones, un análisis sobre este tema podría transitar sin trastocar temas que vulneren la independencia judicial.
Por otro lado, los Organismos Constitucionales Autónomos responden a una lógica de toma de decisiones con rigor técnico, alejados de las tentaciones y presiones políticas. Se trata de entidades creadas para dotar de sentido a sectores económicos complejos como las telecomunicaciones, la competencia económica y el sector energético. Proponer eliminarlos y que sus facultades sean retomadas por las Secretarías de Estado, cuya lógica es totalmente política, significa retroceder en el tiempo y generar condiciones de inestabilidad económica.
La autonomía constitucional que se otorgó a ciertas instituciones ha permitido regular sectores bajo parámetros de funcionamiento de mercado, sin filias ni fobias políticas.
La independencia de los poderes y la autonomía de ciertos organismos permiten contar con un Estado que, sin importar la filiación política en turno, tome decisiones en beneficio de la colectividad. El riesgo de modificar este entramado institucional es retroceder a un régimen presidencialista cuyos resultados no son ajenos para nuestro país.
Por: Fernando Roberto Zúñiga Tapia
Twitter: @ZuFerTapia