“Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”
¿Olvido de frase o acomodo de tiempos?
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha caracterizado su ejercicio de gobierno por contar con una narrativa particular; el uso de frases atribuidas a personajes históricos, cuya admiración es manifiesta, es una herramienta recurrente que le sirve para comunicar y explicar sus propuestas, programas o acciones. Se trata de uno de sus recursos pedagógicos más usuales.
En este contexto, ha sido común escucharle repetir la frase de José María Iglesias: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, la cual suele acompañar de otra, atribuida a Benito Juárez: “Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”. Su uso generalmente viene acompañado de alguna reflexión que le posiciona como un gobernante democrático y respetuoso de la ley o de una crítica contra quienes considera forman parte de la “mafia del poder”, a quienes acusa de posicionarse por encima de las normas.
Hasta la semana pasada, el uso de estas frases había sido consistente. El presidente no había dado -al menos no hasta ese momento- ningún motivo manifiesto para dudar de su convicción a la referencia histórica.
Sin embargo, algo sucedió: el pasado 22 de febrero en su tradicional conferencia matutina, y tras ser cuestionado por una vulneración a la ley de protección de datos personales, el presidente abandonó las lecciones de la historia y aseguró que “…Por encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política y yo represento a un país y represento a un pueblo que merece respeto…” ¿Quedo la frase en el olvido del presidente o hubo que ajustarla porque los tiempos actuales le demandan?
Más allá de buscar explicaciones sobre si se trató de un desliz en materia de comunicación, la expresión debe encender focos de alerta entre propios y extraños. La aspiración de todo estado democrático de derecho es que nada, ni nadie -especialmente aquellos que ocupan un cargo de poder político- puedan posicionarse por encima o al margen de la ley.
Nos guste, o no, las normas que se dictan y estamos obligados/as a obedecer representan un parámetro de actuación y de protección para la ciudadanía. Son, en otras palabras, un último dique de protección frente a la tentación autoritaria de quien pretende que su palabra se convierta en acción incuestionable.
La ciudadanía tiene derechos y obligaciones que encuentran su fundamento en la norma ley, la cual suele ser producto de consensos políticos y democráticos; sujeta a controles, como el del respeto a los Derechos Humanos y a contrapesos políticos, como las revisiones en sede judicial. Defenderlos es tarea de todas y todos.
Si el presidente olvido una frase histórica es irrelevante; lo que preocupa es que cada vez con más frecuencia suele existir en su discurso un repudio por los contrapesos, un malestar por la existencia de poderes independientes u órganos autónomos, y una franca rebeldía por respetar las normas ley que -como país- nos hemos dictado.
Si bien es cierto, como lo dice él y los suyos, nadie puede acusarlo -al menos no con pruebas convincentes- de autoritario, también lo es que nadie puede defenderlo -al menos no libre de pruebas en sentido opuesto- como un paladín de la democracia.
Por: Fernando Roberto Zúñiga Tapia
Twitter: @ZuFerTapia