Desde el sexenio pasado el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) había señalado la gravedad de nuestro problema, sin embargo, ya la desaparición en nuestro país se ha vuelto más visible y no parece tener freno. Es claro que las autoridades están rebasadas y no encuentran el modo de resolverlo.
Y es que el registro de casos supera las 94 mil víctimas. De ellos, una cuarta parte ocurrieron en este sexenio. En los tres primeros años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador se acumularon más de 24 mil desapariciones, según registros de las autoridades. Ya ni hablar de la cifra negra que no está en ninguna lista oficial.
Ya hace cuatro años el CED hizo una serie de recomendaciones a nuestro gobierno federal, que incluían el retiro de los militares de las tareas de seguridad pública con un plan gradual, ordenado y verificable.
Además, señalaban la necesidad de generar condiciones para que todos los cadáveres y restos óseos puedan ser identificados y entregados de manera digna. Hay que considerar que, aún con el enorme número de casos que tenemos, en México no hay un esfuerzo institucional real para ayudar a la identificación. No hay una base de datos compartida y mucho menos un registro genético para comparar los restos.
Falta garantizar independencia y autonomía para la Fiscalía General de la República, y la protección de las familias y los defensores de derechos humanos.
El crecimiento del crimen organizado, la falta de interés de las autoridades en abatirlo y la colusión de las mismas en actividades delictivas son elementos que inciden en el crecimiento de este problema.
Bueno, pues todas esas condiciones negativas están igual o peor, porque nadie persigue en este sexenio a la delincuencia organizada, mientras que tenemos más militarizado el país que nunca en nuestra historia.
Ahora, el presidente dice que pone en espera su proyecto de militarizar a la Guardia Nacional, que es la apuesta de seguridad de López Obrador hasta que haya mejores tiempos políticos.
La pregunta es, ¿y mientras tanto, qué pasará con la Guardia Nacional y la seguridad del país?
Martha Gonzalez Aguilera