La democracia moderna es un sistema de gobierno en el que las ciudadanas y los ciudadanos de un pa�s eligen a sus gobernantes por medio del sufragio universal, directo, libre y secreto; siempre bajo la premisa inquebrantable del respeto a la libertad, tolerancia, igualdad y pluralidad. En la actualidad, la mayor�a de los pa�ses han optado por una forma democr�tica de gobierno.���
Ello, toda vez que en la democracia el pueblo es el n�cleo central de las decisiones p�blicas, reconoci�ndose una serie de derechos y prerrogativas a sus gobernados e imponi�ndose ciertas prohibiciones a los gobernantes para con su poblaci�n. As� pues, la democracia es una forma de gobierno en la que el pueblo es el origen, el sost�n y la justificaci�n del poder p�blico.���
Al respecto, Michelangelo Bovero nos ense�a que, en cuanto forma de gobierno, la democracia es definida por un conjunto de reglas que tienen que ver con el qui�n y con el c�mo de las decisiones pol�ticas; a qui�n le corresponde decidir y bas�ndose en qu� procedimientos, en el entendido de que las reglas de la democracia mandatan el reconocimiento del derecho de la ciudadan�a de poder influir sobre las decisiones p�blicas.��
En cuanto a los mecanismos de democracia directa, es decir, de aquellos instrumentos a trav�s de los cuales la ciudadan�a puede ejercer directamente su poder soberano, como en el caso de la consulta popular, plebiscito, refer�ndum iniciativa popular y revocaci�n de mandato, entre otros. En nuestro pa�s, ejemplo de ello, lo observamos en el art�culo 35 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, as� como el art�culo 7, p�rrafo 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los cuales disponen que es derecho y obligaci�n de la ciudadan�a, votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, en los t�rminos que determine la ley de la materia y en los procesos de participaci�n ciudadana que est�n previstos en la legislaci�n correspondiente.��
En este sentido, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ha tenido a bien se�alar la importancia de las figuras de democracia participativa al precisar que se trata de mecanismos que permiten que los ciudadanos se pronuncien directamente sobre pol�ticas p�blicas, esto es, sin delegar el poder de decisi�n en representantes.?De este modo, la participaci�n directa de la ciudadan�a en la toma de decisiones p�blicas ofrece un medio, formal e institucional, de controlar al Estado.��
Por lo que hace al �mbito local, el art�culo 41 constitucional, base V, Apartado C, dispone que en las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas populares y los procesos de revocaci�n de mandato, estar�n a cargo de los organismos p�blicos locales en los t�rminos que la propia Constituci�n establece, los cuales ejercer�n funciones en cuanto a la organizaci�n, desarrollo, c�mputo y declaraci�n de resultados en los mecanismos de participaci�n ciudadana que prevea la legislaci�n local, entre otras materias.��
Ello representa una facultad exclusiva de los citados organismos p�blicos locales electorales, en el contexto de la distribuci�n de competencias entre �stos y el Instituto Nacional Electoral. En el caso espec�fico del Estado de M�xico, el C�digo Electoral regula los mecanismos de participaci�n ciudadana de consulta popular y refer�ndum, y la Constituci�n local prev� la prerrogativa de la ciudadan�a de iniciar leyes, mecanismos que analizar� en mis pr�ximas colaboraciones en este medio, por lo que en esta ocasi�n, s�lo los dejar� enunciados.���
De esta manera, la finalidad de implementar mecanismos de participaci�n ciudadana en el sistema electoral mexicano, es robustecer el poder soberano de la ciudadan�a, gener�ndose las condiciones necesarias para que exprese su voluntad y que �sta sea ejecutada, en el marco de una democracia participativa.���
Lo anterior, toda vez que los mecanismos de participaci�n permiten someter a consideraci�n de la ciudadan�a temas de trascendencia nacional, mediante procesos de votaci�n democr�ticos y transparentes, lo que contribuye a consolidar la participaci�n directa de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones p�blicas; m�s participaci�n para una mejor gobernabilidad. Esto habida cuenta de que la participaci�n de la ciudadan�a en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una condici�n necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de nuestra democracia.��
Consejera Electoral, Sandra L�pez Bringas�
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