Los diputados aprobaron solicitar información sobre el combate al robo o huachicoleo de agua en la entidad y se pronunciaron por atender la crisis migratoria especialmente en el albergue “Hermanas y Hermanos en Camino”, ubicado en el municipio de Metepec.
Asimismo, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se le solicitó informe a la Legislatura el número de denuncias recibidas, personas detenidas, procesadas y sentenciadas por delitos de sustracción o apropiación de agua potable en 2022 y 2023, así a la Comisión del Agua del Estado de México y a los 125 ayuntamientos que informen el número de reportes recibidos y atendidos contra el servicio público.
De la misma forma, solicitó a las autoridades estatales reactiven la entrega de insumos que desde hace algunos meses dejó de brindar al albergue ‘Hermanas y Hermanos en Camino’, donde las personas migrantes encuentran un lugar de descanso y para comer.
Es así que en el exhorto le pide a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México que intensifique las acciones de atención y acompañamiento de las personas migrantes que están en tránsito en la entidad, con especial énfasis en el albergue mencionado.
Durante la sesión se propuso solicitar a los ayuntamientos que, en coordinación con autoridades medioambientales y protección civil de la entidad lleven a cabo los mecanismos de planificación para la programación del manejo del fuego y que conformen brigadas equipadas, entrenadas y capacitadas en la vigilancia, prevención y combate de incendios forestales, propuesta que se envió a las comisiones de Protección Ambiental y Cambio Climático y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
Código Penal
Desde el año pasado la Legisladora aprobó reformas al Código Penal para tipificar como delito el robo y sustracción de agua potable de la infraestructura hidráulica, conocido como “huachicoleo” del agua, mismo que será castigado con hasta ocho años de prisión.
Se dio a conocer que la actividad genera, tan sólo en Ecatepec, ganancias anuales por mil millones de pesos, señalaron diputados locales.
Estás modificaciones al Código Penal estatal fueron aprobadas por unanimidad, y establecen que a quien distribuya o suministre agua potable a través de una pipa u otro medio de almacenamiento con la intención de generar un beneficio económico, sin contar con el permiso de distribución o la evaluación correspondiente expedidos por la autoridad, se le impondrán de dos a seis años de prisión y de 50 a 200 (UMAs).
Adriana Carbajal