Retenes policiacos, pretexto para abusos y corrupci�n
Mar�a del Rosario Elizalde V�zquez
Diputada local Distrito XXXIX
La Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos consagra la libertad de tr�nsito que tiene toda persona para entrar, salir, viajar y mudar su residencia en la Rep�blica sin que para ello requiera documentaci�n alguna que as� lo autorice, salvo por causas ordenadas por la autoridad judicial y la autoridad administrativa a trav�s de la responsabilidad penal o civil.
Sin embargo, en los puestos de inspecci�n y revisi�n denominados �retenes�, a cargo de polic�as estatales o municipales, se detiene a cualquier veh�culo particular o de transporte p�blico, transportista o motociclistas, haciendo descender a sus tripulantes, revisando el interior del veh�culo y a las personas, con el supuesto objetivo de la prevenci�n de la comisi�n del delito, la salvaguarda de la seguridad o el orden p�blico y el cumplimiento de �rdenes de la autoridad judicial en casos de responsabilidad penal o civil.
En la implementaci�n de dichos retenes e inspecciones policiacas en el Estado de M�xico, prolifera el abuso de autoridad y los actos de corrupci�n, en donde las autoridades, en el mejor de los casos, detienen veh�culos posiblemente irregulares y reclaman una aportaci�n econ�mica �voluntaria� para dejarlos continuar su camino o someterse a la posible detenci�n ilegal de su persona o su veh�culo.
En redes sociales y medios de comunicaci�n se han exhibido diversos casos de abusos policiacos como en Naucalpan y Juchitepec, a manos de polic�as ministeriales y municipales.
Y en temporada decembrina, cuando nuestros paisanos migrantes retornan a nuestro Estado, es sabido, que existen altos �ndices de maltrato, extorsi�n, robo, corrupci�n y prepotencia hacia nuestros connacionales, en su paso por el Estado y tr�nsito por todo el pa�s, despoj�ndolos de lo que con mucho esfuerzo trabajaron en otros pa�ses.
A estos sucesos, se pueden sumar los distintos retenes efectuados en las diferentes regiones y municipios del Estado por parte de la Polic�a Estatal y/o Polic�a Municipal, mismos, que son caracterizados por la arbitrariedad de los agentes encargados de la seguridad p�blica, efectuando cualquier tipo de extorsi�n a quienes transitan por las diversas vialidades.
S� bien es cierto, que los retenes son considerados �controles preventivos provisionales�, relacionados a los agentes en materia de seguridad p�blica, y cuyo fin es corroborar la identidad de personas, evitar la comisi�n de alg�n delito y salvaguardar la integridad o la vida de los agentes policiacos, estos deben ser fundamentados y motivados en las leyes y disposiciones administrativas, para que exista una causa leg�tima al ejecutarlos.
En su ejecuci�n, los agentes de seguridad p�blica est�n obligados a identificarse con los conductores e informarles el motivo por el cual se detuvo su tr�nsito, respetando su integridad, evitando la arbitrariedad y conduci�ndose en todo momento bajo los principios de legalidad y seguridad jur�dica, respetando los derechos humanos reconocidos por la Constituci�n Federal, los Tratados Internacionales y las Leyes Locales.
Por ello, desde la tribuna del Congreso Mexiquense exig� a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, un alto al abuso de autoridad y corrupci�n que se ha generado por los citados retenes.
Exhortamos a los titulares de la Secretar�a General de Gobierno y de Seguridad del Gobierno del Estado, as� como al Fiscal General, y a las y los Presidentes Municipales de los 125 Ayuntamientos para que garanticen el derecho al libre tr�nsito y capaciten a los elementos de seguridad a su cargo para que conozcan claramente los supuestos que les permite la ley para realizar controles preventivos.
En caso de existir retenes injustificados, abusos de autoridad y actos de corrupci�n contra los ciudadanos mexiquenses, las autoridades estatales y municipales deben aplicar sanciones a los uniformados
Los retenes o controles preventivos provisionales no deben ser un mecanismo de tolerancia de pr�cticas policiales que favorezca las detenciones arbitrarias, debe existir un equilibrio entre la defensa de los derechos humanos y la seguridad p�blica al servicio de estos.