Los desaparecidos.
Una noticia tiene consternado al país en torno a cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, en el Estado de Jalisco.
No es para menos, pensar en que un grupo de personas puedan de la noche a la mañana simplemente, desaparecer.
De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la desaparición de personas, incluida la desaparición forzada, constituye una violación pluriofensiva de derechos humanos, toda vez que además de causar daños irreparables a las víctimas, provoca sufrimiento en sus familiares al ignorar el destino final que aquéllas correrán, generándoles por tiempo indefinido el temor y la incertidumbre de conocer el paradero de su ser querido, además de un deterioro económico y de salud física y mental. Su práctica implica la privación de la libertad y en muchas ocasiones de la vida.
La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señala que nuestro país enfrenta un problema estructural, en cuanto a desaparición de personas se refiere, derivado de la conjunción de corrupción, impunidad, violencia, inseguridad y colusión de diversas personas servidoras públicas con la delincuencia organizada, que se agudiza con las condiciones de desigualdad y pobreza extrema que impiden un desarrollo social en el país.
Aunado a lo anterior, los escasos resultados obtenidos por las instituciones de procuración de justicia, tanto en la búsqueda y localización de las víctimas directas como en el conocimiento de la verdad de los hechos que originaron la desaparición y en la identificación de quienes estuvieron involucrados en la misma para sujetarlos a la acción de la justicia, ocasionan, entre otras cosas, la proliferación de esta conducta. La situación se agrava por el hecho de que no existen cifras oficiales precisas y confiables de personas desaparecidas, ni tampoco una base de datos sólida en funcionamiento en la que se concentre el registro de todas las personas que se encuentran en esta situación en México.
El contexto como vemos es triste y procupante, por un lado, el aumento de las desapariciones de personas y por el otro, la falta de una estructura jurídica e institucional que permita su investigación y solución.
Hoy el reclamo social no permite pausas, exige soluciones concretas y reales.
Dr. Octavio Martínez Camacho
Abogado Penalista Socio del Despacho HMSC.