POSTMODERNIDAD, DERECHO Y CONSTITUCIONALIDAD
El papel del Derecho en un mundo en crisis como el actual, sujeto al mismo tiempo a la globalización y a la contextualización, ya no puede seguir siendo ni el de una simple sujeción a los mandatos de la ley propuesta por la modernidad positivista decimonónica (como si el juez no tuviera un amplio espectro de interpretación y ponderación y el legislador no pudiera construir el espíritu de la ley tomando en cuenta el contexto), ni tampoco –según la propuesta postmoderna- el de la libre creación del Derecho como por generación espontánea, sin sujeción a regla alguna. Ello, dado a que la racionalidad y previsibilidad de las decisiones, entre las que se encuentran las de carácter jurídico, son premisas a las que los ciudadanos, afortunadamente para todo sistema democrático, no están dispuestos a renunciar.
Dentro de esta crisis en la que actualmente se encuentra inmerso el Derecho, la clásica definición paleo positivista que los abogados aprendimos de nuestros profesores de Introducción al Derecho, queda corta o se ve como pieza de museo frente a la nueva y amplia dimensión de lo que podemos llamar “lo jurídico”. Esto sí es, como dijo el clásico, un área de oportunidad; de hecho, la misma palabra Crisis denota en su definición más que un estado de incertidumbre negativa, un momento crucial, que ciertamente implica amenazas y retos, pero que también trae consigo ventajas y oportunidades. Es así como hay que verla cuando tratamos de comprender el papel del Derecho, el nuevo sistema constitucional y la profesión de abogado a estas alturas del siglo XXI.
Ante la encrucijada en la que nos coloca este cambio de época y de paradigma jurídico que nos ha tocado vivir, los abogados, independientemente del espacio donde nos desempeñemos (académicos, postulantes, legisladores, servidores públicos del ejecutivo, juzgadores, políticos, miembros de la sociedad civil) y de la materia de la que nos ocupemos, debemos estar conscientes de esta nueva realidad, y adoptar nuevos enfoques para encontrar mejores y más originales formas de afrontarla. Así pues:
– Para los académicos, es vital asumir que ahora el Derecho –o “lo jurídico”, que es actualmente el término más apropiado–, debe ser abordado no solo desde dentro, sino también desde fuera del ámbito estrictamente jurídico, es decir, desde la política, la economía, sociología, la argumentación, etc., lo que resulta imprescindible si queremos producir y fortalecer una teoría jurídica sólida y multiplicar no solo en cantidad sino sobre todo en calidad, una planta de juristas y operadores jurídicos aptos y de calidad, conocedores del nuevo sistema constitucional garantista y de sus diferencias con el anterior paleo positivista, del que debemos separarnos a mayor velocidad.
– Para los postulantes este momento se presenta como una ocasión para revalorar la profesión, rescatarla del descrédito social en el que se encuentra y contribuir a la formación de un marco ético que sustente un nuevo esquema de relaciones con la sociedad, basado ya no en la ley sino en la Constitución y en la persona, que dé certeza y confianza.
– Para los abogados legisladores, el compromiso es grande, pues el número y profundidad de temas a convertir en normas exige una gran aplicación personal y un criterio abierto para comprenderlos e interpretar su relación con las necesidades y demandas sociales, en términos siempre de la observancia constitucional.
– Para quienes se desempeñan en los ejecutivos federal y locales, resulta más que obvia esta renovación en la forma de ver y entender lo jurídico, en tanto que encargados de aplicar proteger, garantizar y difundir los derechos fundamentales, y aplicar los distintos instrumentos jurídicos y administrativos en un marco de servicio, de apertura de información, de transparencia en el desempeño y de cuentas claras.
– Para los juzgadores, en fin, el reto está en reconocer que su papel ya no se limita solo a la mera solución de los casos sometidos a su conocimiento, aplicando la ley a tabla rasa de acuerdo al caso concreto, y en su lugar conocer el contexto en el que se dieron los hechos, interpretarlos y buscar la combinación de principios, normas y prácticas que le sirvan para resolver en justicia, o sea, dándole a cada quien lo que le corresponde.
Por José Ramón González Chávez