CRÓNICA DE UNA MILITANCIA ANUNCIADA
El día de ayer, Arturo Zaldívar presentó el Ejecutivo su renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acto que ha generado gran cantidad de comentarios y críticas respecto tanto al fondo como a la forma en que esta fue realizada.
El artículo 98 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) dispone desde hace 27 años que -cito textual- “las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado”.
Esto quiere decir que al ministro Zaldívar no le basta con presentar su renuncia al presidente, como si fuera su patrón o superior jerárquico y listo, sino que el Ejecutivo debe valorar la o las causas de la renuncia y si es que efectivamente la considera como “grave(s)” entonces deberá turnarla al Senado de la República para que este sea el que haga oficialmente la declaratoria respectiva aceptando la dimisión; es decir, es el Senado la instancia responsable de aceptar la renuncia, no el Ejecutivo federal.
Por si esto fuera poco, solo dos horas después de haber entregado su dimisión, y de forma cínica, aun sin que surtiera efectos, pues ni el Presidente había calificado la causa de grave ni el Senado de la República la había aceptado, Arturo Zaldívar se reunía con Claudia Sheimbaum (hay pruebas de que esa reunión sucedió antes de su renuncia) manifestándole su voluntad de “sumarse a la consolidación de la transformación de México”, que no es otra cosa que contribuir a la campaña presidencial del Morena -con el que siempre ha simpatizado- con la construcción del proyecto de reforma al poder judicial concebido por el presidente, como “ocultamente” lo ha hecho ya de manifiesto al referirse a otra aberración jurídica que es la elección de ministros de la corte y eventualmente ser nombrado fiscal general de la República.
Esto resulta ser una confesión de haber sido y seguir siendo desde el principio partícipe y sumiso de la actual administración, ya que esa posición es bandera política del ejecutivo desde su inicio, no una posición jurídica y menos constitucional como debería corresponder a un ministro del más alto tribunal de la federación, abriendo con la vacante la puerta para que el presidente incluya un ministro o ministra más fiel a “la causa” y su líder.
De esto salta por necesidad la pregunta: ¿Cuáles y cuántas de las resoluciones que tomó como presidente de la Corte fueron influenciadas por esa afinidad política con el régimen que ahora ya sin máscaras se pone más que de manifiesto?
Continuando con las barbaridades, al día siguiente, en un acto totalmente contrario a la Constitución, el Presidente declaró en su conferencia matutina “aceptaba” la renuncia de su acólito, función que no está en sus atribuciones, omitiendo también de forma anti constitucional declarar la causa de la misma como grave.
Otro detalle de lo que podría llamarse “desaseo político” de Zaldívar fue que anunció su renuncia en las redes sociales, a las que es tan asiduo, pero omitió notificarla de manera oficial ante la SCJN.
Ante tal desprecio, la Corte mediante una nota informativa comentó que “se encuentra a la espera de lo que digan el Ejecutivo y el Senado de la República, conforme a lo dispuesto en la Constitución”, lo que se traduce como que no fue notificada de la decisión de Zaldívar y que, conforme a Derecho y como es su papel, se atiene a que se cumpla el procedimiento previsto en la Carta Magna.
La renuncia de Zaldívar a la SCJN, además de indigna de alguien que se asuma como jurista, implica un atentado desde el Ejecutivo no solo al poder judicial y a la Corte en particular sino al Estado Constitucional y la democracia, al pasar por encima de lo dispuesto en la Carta Magna y sobreponer los intereses propios y de partido a los de la nación.
Por Jose Ramon Gonzalez Chavez