La titular del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) Miroslava Carrillo, presentó a los diputados mexiquenses el Informe de Resultados de la Cuenta Pública Estatal y municipales 2022, donde dio a conocer observaciones de 4 mil 490 pesos, de los cuales mil 603 corresponden a la auditoría de cumplimiento financiero y mil 785 en auditoría de inversión física; además de 583 en auditoría de desempeño y 721 en auditorías de legalidad.
Dijo que derivado del Programa Anual de Auditorías (PAA), se ejecutaron 635 actos de fiscalización para el ejercicio fiscal 2022, que en su revisión y fiscalización involucró un presupuesto ejercido por 438 mil 323 millones de pesos: 340 mil 238 mdp en el ámbito estatal y 98 mil 085 mdp en el nivel municipal.
Asimismo, los actos de fiscalización contemplaron auditorías de cumplimiento financiero, inversión física, desempeño, legalidad y la revisión a la Cuenta Pública del estado y las municipales relativas a las 545 entidades fiscalizables (116 estatales y 429 municipales) que tiene el OSFEM, y entre las cuales hay algunas que no operan pese a tener decreto de creación, como siete organismos operadores de agua y 23 Institutos de Cultura Física y Deporte, al igual que la Universidad de Naucalpan de Juárez y el Instituto Municipal de Planeación de Valle de Bravo.
Destaca también la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEM) y el Instituto de Formación Continua, Profesionalización e Investigación del Magisterio del Estado de México (IFOPIM).
“Al rendir protesta como Auditora Superior del estado, me propuse modernizar los métodos de trabajo de la institución, adecuar sus estructuras de acuerdo a los desafíos que implica el uso de la tecnológica, avanzar en la minería de datos; reducir los tiempos de las auditorías y eliminar los paraísos olvidados de la fiscalización”.
Hizo referencia a que las reformas a la Ley de Fiscalización Superior del 25 de mayo de 2022 implicaron la reestructuración y fortalecimiento del OSFEM para adecuar su administración a la realidad y lograr los objetivos, fortalecer los procesos internos, dar certeza a las entidades fiscalizables y contribuir a mejorar las políticas públicas ya que la institución va más allá del control interno porque genera acciones de previsión y corrección de faltas administrativas graves.
Precisó que la función fiscalizadora no termina con la emisión del Informe de Resultados ya que vienen etapas subsecuentes, como la de aclaración que desarrolla la Unidad de Seguimiento y reiteró que el proceso de renovación avanza con solidez, pero, sobre todo, con la puesta al día de una infraestructura institucional y de capital humano para “marcar un verdadero punto de inflexión y el combate a la corrupción, así como la mejora en los procesos de gestión pública”.
Este informe detalla que ese año se ejercieron 438 mil 323 millones de pesos (mdp) y se realizaron actos de fiscalización a 545 entidades, que derivaron en 8 mil 741 observaciones, de las cuales mil 647 fueron a la cuenta pública estatal y 7 mil 94 a cuentas públicas municipales.
Al recibir el Informe, la diputada Evelyn Osornio expresó que la entrega-recepción representa una etapa del proceso de fiscalización, el cual no se da por concluido pues continúan los actos de fiscalización y el trámite de las acciones promovidas o que se promuevan derivadas de la revisión de las cuentas públicas y de los informes de auditorías.
La diputada Evelyn Osornio explicó que las observaciones y recomendaciones derivadas del programa anual de auditorías y referidas en el Informe se encuentran sujetas al proceso de priísta con plazos y mecanismos definidos en la Ley de Fiscalización Superior estatal y conforme a la información de las entidades fiscalizadas podrán tener el estatus de atendidas, solventadas o en su caso aclaradas.
Nota de contexto: Informe
El Informe de Resultados consta de 12 tomos integrados por 549 volúmenes, un libro general, 109 de entidades estatales, 429 de entidades municipales, nueve de auditorías especiales y uno de glosario, que exponen los hallazgos de las revisiones y las auditorías de 525 entidades fiscalizables.
Adriana Carbajal