El pasado 24 de marzo, los opositores de la cuarta transformación celebraron lo que -al menos para ellos- significó un triunfo frente a la reforma electoral impulsada por el presidente de la República y su movimiento. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, concedió la suspensión solicitada por el Instituto Nacional Electoral (INE) con la consecuencia de que resulten inaplicables las disposiciones del denominado “plan b electoral”, al menos hasta que el asunto sea discutido y resuelto por el pleno de la Corte.
El ánimo triunfal de la oposición contrastó con la molestia generalizada del Presidente de la República y sus simpatizantes, quienes no sólo descalificaron la decisión -por considerarla contraria a derecho-, sino que realizaron ataques a la persona del ministro Laynez y urgieron la necesidad de una reforma judicial. Es sobre este último punto que concentraré el análisis.
Mas allá del triunfo o fracaso (temporal) que puede significar la decisión judicial de suspender la aplicación de las reformas electorales aprobadas por la cuarta transformación, esta decisión parece formar parte de una elaborada estrategia del gobierno actual. Sí esto es así, permite construir una narrativa: el poder judicial requiere -con urgencia- reformarse.
Para ponernos a tono de béisbol, desde palacio nacional se lanzan “curvas envenenadas” pero “bateables” -reformas legales válidamente aprobadas con cuestionamientos sobre su apego al texto constitucional-, éstas son recibidas y procesadas por las instituciones (INE o SCJN) y los opositores: las asumen como la oportunidad de convertirlas en “home run” –la inconstitucionalidad de la norma es la oportunidad para invalidarla, asegurar la legitimidad de la institución y asestar un golpe político; sin embargo, el batazo termina convertido en “out” cuando el presidente atrapa la decisión y acusa a sus autores de ser contrarios a la transformación que encabeza, la acusación se acompaña de un nuevo embate legal, en la dirección original y con más fuerza; el resultado es el debilitamiento de las instituciones y la derrota política de los opositores.
La cuarta transformación comprende y repite la estrategia: emprender una reforma en contra de un contrapeso (órgano constitucional autónomo o poder constituido) necesita de un motivo y de perseverancia. La oposición no entiende el juego y se esfuerza en perderlo; no quieren o no pueden proponer la agenda política y al reaccionar a las estrategias de palacio nacional terminan alimentando más y más el discurso del presidente. Dicho coloquialmente le dan juego en los temas que él dispone.
La Corte ha recibido la “pelota caliente” y tendrá que jugar con inteligencia; su resolución no versará, o no exclusivamente, sobre el sistema electoral, sino que será la antesala para que la Corte explique los límites que tiene una norma frente al orden constitucional, cuál es el significado práctico del principio de división de poderes y por qué son importantes los denominados poderes contra mayoritarios (es decir, los que no se eligen por medio del voto, pero forman parte del Estado).
El poder judicial debe de entender que -lo quiera o no- se encuentra en medio de una disputa política y que el rigor técnico jurídico de sus sentencias resulta insuficiente para salir victorioso. Su triunfo -y el del estado de derecho- requieren encontrar la forma de explicar cómo sus decisiones ayudan en la construcción de mejores condiciones de vida para la ciudadanía. El reto es inmenso para un gremio no acostumbrado a explicar con sencillez sus decisiones profesionales ¿será la Corte capaz de salir victoriosa de esta batalla?
Por: Fernando Roberto Zúñiga Tapia
Twitter: @ZuFerTapia