La educación y los libros de texto gratuito en México: Del ataque mediático al terreno jurídico
La educación representa una de las herramientas más poderosas con las que cuenta una sociedad para desarrollarse. Su relevancia trasciende los espacios nacionales, genera movimientos sociales y en el mejor de los casos se aparta de las discusiones y diferencias políticas.
De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), la educación no sólo permite la movilidad socioeconómica ascendente, sino que es un objetivo clave en el combate a la pobreza. La pandemia derivada del Covid 19 representa un desafío adicional en la materia; el uso de tecnologías y el replanteamiento de formas y contenidos ha sido necesario para garantizar que los procesos educativos no se detengan.
Uno de los temas claves es la calidad educativa. En nuestro país, el marco constitucional establece que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, que tendrá enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva; además, de incluir la obligación para que planes y programas incluyan conocimiento de ciencias y humanidades, matemáticas, lectura, escritura… todo ajeno a cualquier doctrina religiosa y bajo enfoques basados en resultados del progreso científico, libre de fanatismos y prejuicios.
Con todo esto en mente, una discusión ha sorprendido en la esfera pública de nuestro país. Los nuevos libros de texto gratuitos que serán utilizados en la educación básica han sido blanco de ataques mediáticos y políticos. Se les acusa de minimizar el conocimiento de ciencias, las matemáticas, la lectura y la escritura y de posicionar una doctrina ideológica entre las y los niños.
Medios de comunicación masiva, opositores políticos, asociaciones de padres de familia y hasta académicos acusan que los materiales utilizados no sólo no contribuyen a mejorar la calidad educativa -pues cuentan con múltiples errores-, sino que su creación se dio de forma irregular: no respetando los procedimientos legales que han sido diseñados y establecidos para este fin. El gobierno defiende que los nuevos materiales no sólo se realizaron con amplios consensos, sino que representan un punto de partida en la configuración educativa de nuestro país.
Por ello, y ante la controversia pública, el reclamo ha pasado del terreno mediático al jurídico. Mientras el pasado viernes 11 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió una controversia constitucional impulsada por el gobierno de Chihuahua; un juez federal -también la semana pasada- otorgó una suspensión provisional para que en dicha entidad se detenga la distribución de los nuevos materiales.
El poder judicial tiene en sus manos -una vez más- una difícil encomienda: revisar que los procesos de creación hayan cumplido con lo que dicta la norma es tal vez el camino más sencillo; entrar en consideraciones respecto de la calidad de los materiales, su cientificidad y su apego, o no, a una doctrina ideológica se antojan una tarea no sólo difícil, sino suicida para sus funciones ¿cómo valorarán las y los ministros de la SCJN el tema? Cuestión aparte resulta considerar el tiempo que la propia Corte tardará en resolver las controversias ¿se pensará en el mayor beneficio para las y los niños de nuestro país?
Mas allá de cualquier consideración, resulta preocupante que -ante nuestro rezago educativo- la lucha en esta materia se concentre en el terreno político y jurídico. La educación debería ser un punto de unión y no de ruptura entre nuestras y nuestros gobernantes.
Por: Fernando Roberto Zúñiga Tapia
Twitter: @ZuFerTapia