La paridad como eje del proceso electoral 2024
El INE como promotor de medidas afirmativas
La reforma constitucional de junio de 2019 denominada “Paridad en todo” representa el mayor reto político-electoral al que se han enfrentado no sólo las instituciones, sino las y los actores políticos mexicanos. El objetivo es concreto: que existan condiciones de paridad en todos los cargos de toma de decisiones públicas en nuestro país.
La implementación del mandato constitucional no ha sido sencilla y se ha enfrentado -desde entonces y hasta la fecha- a resistencias histórico-culturales e institucionales. En esta batalla, las autoridades electorales -administrativas y judiciales- han desempeñado una función crucial: han sido capaces de materializar el principio constitucional de paridad por medio de lineamientos administrativos y sentencias. Las resistencias se han superado con resoluciones firmes e inatacables.
Desde el año 2021, el principio de paridad se ha ido desarrollando y fortaleciendo. Pasamos de la conformación paritaria en todos los órganos colegiados, como los poderes legislativos y cabildos, a la conquista de la paridad en órganos unipersonales como los son las gubernaturas de los Estados de la República. En 2024 existe una posibilidad real de que la presidencia de la República sea encabezada por una mujer.
Los lineamientos del INE y las sentencias del Tribunal Electoral han permitido que la paridad sea una realidad que se extiende en todos los cargos electivos y de toma de decisiones públicas. El gran pendiente sigue siendo que los Congresos, federal y locales, legislen en la materia y doten de mayor certeza al mandato constitucional.
De nueva cuenta, la paridad debe ser el eje rector del proceso electoral 2024. Sin embargo, el reto es mayor: no sólo se trata de garantizar una paridad en la postulación de candidaturas -paridad numérica y que en cierto modo es ya una conquista alcanzada-, sino de interceptar este principio con variables como el de competitividad (posibilidad real que tienen los partidos políticos y coaliciones de ganar una elección) y otras acciones afirmativas.
El INE ha comenzado la discusión de un lineamiento que propone que, al menos, cada partido o coalición postule a 5 mujeres para los cargos de gobernadora en los Estados. Aunque la propuesta no es mala parece insuficiente ante las nuevas realidades sociales.
Las autoridades electorales deben dar un paso adelante en la exigencia de postulaciones femeninas en espacios donde se tengan posibilidades reales de triunfo y garantizar la convivencia de este principio con otras medidas afirmativas de igual trascendencia para nuestra democracia. Ojalá que se atrevan a hacerlo, pese a todas las resistencias y pese a todos los resistentes.
En este momento de nuestra historia democrática se tiene la oportunidad, una vez más, de extender principios constitucionales como el de paridad, con posturas vanguardistas en beneficio de la máxima protección de Derechos Humanos; en el fondo, es mediante las decisiones de las autoridades en la materia que se empujará el quehacer legislativo y se garantizarán mandatos constitucionales.
Las presiones políticas y las resistencias culturales no deben retrasar el avance de medidas en beneficio de las mujeres y otras poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. La fortaleza de nuestra democracia se construye desde los cimientos de la igualdad y no discriminación.
Por: Fernando Roberto Zúñiga Tapia
Twitter: @ZuFerTapia