En la columna de la semana pasada nos referimos a la importancia del Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD) en nuestra vida democrática, que tiene su fundamento constitucional en los artículos 25 y 26, como un mecanismo de institucionalización del actuar gubernamental en todos los campos y a todos los niveles, cuya instrumentación y administración (planeación, organización, instrumentación, dirección, control y evaluación) está a cargo del Ejecutivo Federal.
Hace apenas un par de días se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados federal una iniciativa con proyecto de decreto para modificar (crear, reformar, adicionar, extinguir) el marco jurídico y administrativo de casi una veintena de órganos públicos, justificando dicha decisión unilateral del Presidente como un mero acto de “simplificación administrativa”.
La Desconcentración y Descentralización son figuras de la organización administrativa utilizada en el sector público precisamente para disminuir la carga operativa y mejorar la toma de decisiones de las Dependencias centrales, en razón de que hay temas que por su especificidad, magnitud y complejidad crecientes exigen para ser eficaces de una atención más ágil y más cercana a los problemas y más expedita en sus respectivas soluciones, al disminuir o eficientar trámites y procesos burocráticos. Bastaría con revisar las exposiciones de motivos de los decretos por los que fueron constituidos esos órganos para comprender por qué en su momento se tomó la decisión de crearlos.
Es muy difícil resumir en unas cuantas líneas el contenido del mencionado proyecto de decreto de casi doscientas páginas, pero en términos generales podemos mencionar las particularidades siguientes:
– La exposición de motivos, de notable sesgo histórico y totalmente ideologizada, que señala al “neoliberalismo” como el causante de todos los males del mundo y del país y el regreso a la administración pública centralizada que caracterizó los gobiernos de los años 20 a 70 del siglo pasado, que al parecer es lo que significa el indefinible seudo modelo “posneoliberal” (sic) que invoca el proyecto de decreto como la panacea que les dará solución, y que además no tiene ninguna relación con el propósito de mejora de forma que implica técnicamente, en términos lisos y llanos, la “simplificación administrativa” que se pretende.
– La contradicción narrativa, que por un lado sataniza la reducción del aparato estatal que dio inicio a principios de los años 1980, y por el otro justifica su uso al ponerla como sustento de la pretendida “simplificación” que en lugar de mejorar la operación de esos 18 organismos (7 desconcentrados, 8 descentralizados, 1 fideicomiso y 2 unidades administrativas), de un plumazo opta por desaparecerlos para volver a centralizar las actividades que estos han venido realizando.
Es increíble que eliminando organismos y centralizando se pretenda mejorar la administración pública. Utilizando también el recurso de la referencia histórica podemos decir que el regreso a la centralización en ningún momento ni lugar ha servido para mejorar la gestión gubernamental, al contrario, la ha vuelto obesa y reumática.
¿En verdad hay quien piense que concentrando más atribuciones en una Dependencia la vuelve por ese solo acto más eficiente? ¿En verdad hay quien crea que centralizando presupuestos y funciones teniendo más actividades que realizar se pueden hacer economías? ¿Qué implicaciones legales y judiciales tendrá esta regresión administrativa? ¿No será que detrás de eso más que simplificación no hay otra cosa que una mayor concentración del poder del ejecutivo y el manejo a discreción de los recursos públicos? Eliminar nomás porque sí organismos está lejos de ser la fórmula mágica para hacer más eficiente y eficaz un gobierno. Es como si para bajar de peso se tomara la decisión de cortarse las piernas; en términos cuantitativos la reducción se lograría, pero en lugar de resolver un problema se provocaría uno o incluso se producirían otros más.
Administrar SÍ tiene ciencia, y ejecutarla es, para bien o para mal, según como se realice, un acto de responsabilidad política para todos los órganos del poder público, sobre todo para el Ejecutivo y ante todo una forma de dar cumplimiento cabal a tan importante y delicada atribución constitucional.
Por José Ramón González Chávez